Manuel Adorni sumó una nueva denuncia tras presentar la declaración jurada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una nueva denuncia judicial presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quienes lo acusan de presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los años 2024 y 2025.

La presentación sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al no declarar de manera completa su patrimonio durante su gestión, en presunta violación de los principios establecidos por la Ley de Ética Pública.

Según el escrito judicial, Adorni —quien es contador de profesión— atribuyó las inconsistencias detectadas a un “error involuntario” o desconocimiento de las obligaciones legales. Sin embargo, los denunciantes rechazan esa explicación y afirman que se trató de un ocultamiento deliberado de bienes.

Entre los activos cuestionados se mencionan criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades que no habrían sido incorporadas a las declaraciones oficiales. Para los legisladores, esto evidencia una conducta intencional destinada a eludir los mecanismos de control estatal y las obligaciones tributarias correspondientes.

La denuncia también advierte sobre el impacto institucional de las declaraciones públicas del funcionario, quien inicialmente sostuvo que su situación patrimonial estaba correctamente declarada y luego reconoció la existencia de activos fuera del circuito formal.

En ese marco, Adorni admitió recientemente haber mantenido sin declarar alrededor de 500.000 dólares, presuntamente vinculados a inversiones previas a su ingreso al Gobierno. El caso se suma a otra investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito, en la que el funcionario deberá justificar su evolución patrimonial.

El expediente aún no tiene juzgado asignado, aunque no se descarta que recaiga en el juez federal Ariel Lijo, quien ya interviene en otras causas vinculadas al caso.

La denuncia cita además el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que prevé penas de prisión e inhabilitación para los funcionarios que omitan o falseen datos en sus declaraciones juradas patrimoniales.

En paralelo, la investigación en los tribunales de Comodoro Py continúa analizando la evolución económica del funcionario, luego de detectarse desajustes entre sus ingresos declarados y los gastos registrados durante su desempeño en la función pública. Con estos elementos, la fiscalía evalúa los próximos pasos procesales en la causa.