Javier Puebla
En una votación ajustada, el Senado de la Nación aprobó modificaciones a la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección de reservas de agua dulce y la regulación de actividades productivas en zonas cordilleranas. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, obtuvo 40 votos afirmativos y 31 negativos, y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
El oficialismo defendió la reforma al sostener que permitirá destrabar proyectos de inversión en el sector minero, mientras que la oposición advirtió que los cambios podrían debilitar los mecanismos de protección ambiental vigentes.
Un debate marcado por la polémica
La discusión comenzó pasadas las 15 en el recinto del Senado de la Nación Argentina, en el marco de una sesión que también incluyó la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Durante el tratamiento del proyecto, legisladores opositores denunciaron que se introdujeron modificaciones al dictamen en pleno debate parlamentario, lo que —según afirmaron— impidió que varios senadores pudieran analizar con precisión los cambios antes de la votación.
A pesar de las críticas, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa y enviarla a la Cámara baja.
Argumentos del Gobierno
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma busca actualizar criterios de evaluación ambiental y brindar mayor previsibilidad a las inversiones en minería, uno de los sectores que el Gobierno considera estratégicos para incrementar las exportaciones y atraer divisas.
Según esa postura, los cambios permitirían avanzar con proyectos en regiones cordilleranas donde actualmente existen restricciones vinculadas a la aplicación de la normativa vigente.
Rechazo ambiental y político
Sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas manifestaron su preocupación por el impacto que podrían tener las modificaciones sobre la protección de glaciares y áreas periglaciares, consideradas reservas fundamentales de agua dulce.
Los críticos del proyecto advierten que una flexibilización de la normativa podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto ahora será debatido en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión intensa que podría definir el futuro de una de las leyes ambientales más relevantes del país.
