Javier Puebla
En una jornada marcada por la tensión política y el impacto del paro general convocado por la CGT, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa cosechó 135 votos a favor y 115 en contra, en un escenario de alta polarización y con un recinto atravesado por negociaciones hasta el cierre del debate.
La aprobación en general representa un paso clave para el oficialismo y sus aliados, aunque el texto deberá regresar al Senado —cámara de origen— para ratificar las modificaciones introducidas, entre ellas la eliminación del artículo 44, que proponía reducir las remuneraciones durante las licencias médicas y que había generado fuertes cuestionamientos.
Sobre el final de la sesión, el kirchnerismo intentó sin éxito levantar el debate mediante una moción de orden, en medio de una presencia fluctuante de legisladores en el recinto. Sin embargo, el oficialismo logró sostener el quórum y avanzar hacia la votación.
Más incierto se presenta el panorama para la votación en particular del articulado, prevista para la madrugada. El tratamiento se desglosará en los 26 títulos que componen el proyecto, donde aparecen al menos dos capítulos que anticipan una dura pulseada: la creación de un fondo para financiar las indemnizaciones por despido y la derogación de varios estatutos profesionales, entre ellos el del periodista.
Durante el debate, bloques opositores —encabezados por Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y la izquierda— cuestionaron con dureza la iniciativa. Sostuvieron que el proyecto implica un retroceso en derechos laborales, lo calificaron de inconstitucional y advirtieron que, de convertirse en ley, será judicializado.
El oficialismo, por su parte, defendió el texto bajo el argumento de que apunta a modernizar el mercado laboral, promover la formalización del empleo y dotar de mayor flexibilidad a las relaciones de trabajo. El proyecto, de más de 200 artículos, introduce cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo.
Entre los puntos más relevantes, se propone una modificación en el cálculo de las indemnizaciones por despido, la habilitación del fraccionamiento de las vacaciones y la implementación del banco de horas como alternativa al pago tradicional de horas extra. Asimismo, se prevé la ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
El texto también contempla la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña, la limitación del derecho de huelga y un rediseño del esquema de negociaciones colectivas, priorizando acuerdos de empresa o regionales por sobre convenios sectoriales.
Uno de los puntos más controvertidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones mediante aportes patronales. Sectores opositores y sindicales advierten que el mecanismo podría afectar el financiamiento del sistema previsional, mientras que el oficialismo sostiene que busca garantizar previsibilidad y reducir la litigiosidad.
Con la aprobación en general ya consumada, el Gobierno acelera los tiempos legislativos. La expectativa del Ejecutivo es que el presidente Javier Milei pueda exhibir la sanción definitiva de la ley el próximo 1° de marzo, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
En ese marco, la conducción del bloque oficialista en el Senado ya convocó para este viernes a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto. El objetivo será emitir dictamen sobre el texto modificado en Diputados y avanzar hacia su tratamiento en el recinto en los próximos días. Solo entonces, la reforma quedará formalmente convertida en ley.
