El juez Jorge Gorini confirmó el pedido de los abogados de la expresidenta para que pueda atravesar la condena a 6 años en la causa Vialidad con prisión domiciliaria.
Nacionales17/06/2025
Javier Puebla
En una resolución que sacude el escenario político y judicial argentino, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), presidido por el juez Jorge Gorini, concedió este martes la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no deberá presentarse mañana en los tribunales de Comodoro Py.
La decisión, que incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica, va a contramano del dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes insistieron en que la líder del Partido Justicialista debía cumplir su condena de seis años por la causa Vialidad en una cárcel común.
El fallo del tribunal, integrado por Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, desestimó los argumentos de los fiscales, quienes sostuvieron que no existían “razones humanitarias” que justificaran una medida excepcional como la prisión domiciliaria.
“No se advierten razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario”, argumentaron Luciani y Mola, citando el artículo 10 del Código Penal, que faculta pero no obliga a los jueces a otorgar este beneficio a mayores de 70 años.
Los fiscales también rechazaron el planteo del abogado defensor de Kirchner, Alberto Beraldi, quien calificó el uso de la tobillera electrónica como “innecesario” y una “dilapidación de recursos” del Estado. Sin embargo, el tribunal acogió el pedido de los fiscales en este punto, imponiendo el monitoreo electrónico como condición para la prisión domiciliaria.
La decisión se apoya, en parte, en un estudio socioambiental ordenado por Gorini, que evaluó el domicilio elegido por la expresidenta en la calle San José, en el barrio de Constitución, y confirmó que cumple con los requisitos para que Kirchner transite allí su condena. Durante esta evaluación, según los fiscales, la expresidenta aseguró estar en buen estado de salud.
La decisión responde a un recurso presentado por el Sindicato de Empleados del organismo. La medida cautelar es por seis meses.
La divisa norteamericana en el segmento informal operó a $1.295, lo que implica una caída del 2,6% respecto al martes. El oficial se ofreció a $1.275, un 0,4% menos que en la víspera.
De esta manera, los precios avanzaron un 15,1% en el primer semestre. La división de mayor aumento en el mes fue el rubro "Educación".
Así lo aseguró Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional de Transporte y especialista en infraestructura vial. “Vialidad Nacional se desentendió de hecho. ¿Quién se va a ocupar ahora del mantenimiento, la asistencia y las emergencias en las rutas?”, se preguntó.
Así lo anunció en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni, generando un cambio significativo en la gestión de infraestructuras y seguridad vial.
Según trascendió, se buscó evitar el gasto de casi $1.000 millones que hubiera implicado su realización.
El Banco de Tierra del Fuego informó un crecimiento sostenido en el otorgamiento de créditos en el 2025, el fortalecimiento del consumo a través de tarjetas de crédito y la consolidación de su rol como entidad financiera pública al servicio de los fueguinos.
El municipio junto a empresas, asociaciones civiles, fundaciones y diferentes comercios llevaron adelante el cierre de la Cruzada Solidaria “Lazos Comunitarios, abrigando corazones”, bajo el lema: “Río Grande Solidaria: Corazones en Acción”.
La Provincia continúa impulsando “Feriantes del Fin del Mundo” durante todo el mes de julio. La próxima edición se realizará el domingo 20 de julio de 12 a 20 horas en el gimnasio de la Escuela Provincial N° 2, ubicado en Rivadavia 600, Río Grande.
El Ministerio de Educación de la provincia lleva adelante actividades socioeducativas, culturales y recreativas gratuitas para todas las edades en el marco del Programa “Invierno TDF”.
La decisión responde a un recurso presentado por el Sindicato de Empleados del organismo. La medida cautelar es por seis meses.