Javier Puebla
En una resolución que sacude el escenario político y judicial argentino, el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), presidido por el juez Jorge Gorini, concedió este martes la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no deberá presentarse mañana en los tribunales de Comodoro Py.
La decisión, que incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica, va a contramano del dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes insistieron en que la líder del Partido Justicialista debía cumplir su condena de seis años por la causa Vialidad en una cárcel común.
El fallo del tribunal, integrado por Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, desestimó los argumentos de los fiscales, quienes sostuvieron que no existían “razones humanitarias” que justificaran una medida excepcional como la prisión domiciliaria.
“No se advierten razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario”, argumentaron Luciani y Mola, citando el artículo 10 del Código Penal, que faculta pero no obliga a los jueces a otorgar este beneficio a mayores de 70 años.
Los fiscales también rechazaron el planteo del abogado defensor de Kirchner, Alberto Beraldi, quien calificó el uso de la tobillera electrónica como “innecesario” y una “dilapidación de recursos” del Estado. Sin embargo, el tribunal acogió el pedido de los fiscales en este punto, imponiendo el monitoreo electrónico como condición para la prisión domiciliaria.
La decisión se apoya, en parte, en un estudio socioambiental ordenado por Gorini, que evaluó el domicilio elegido por la expresidenta en la calle San José, en el barrio de Constitución, y confirmó que cumple con los requisitos para que Kirchner transite allí su condena. Durante esta evaluación, según los fiscales, la expresidenta aseguró estar en buen estado de salud.
