Javier Puebla
El Gobierno nacional oficializó este jueves una modificación de la Ley de Migraciones que permitirá prohibir el ingreso al país y expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminen o inciten a la violencia contra Argentina, los argentinos o personas por su nacionalidad. La medida también alcanza a quienes participen o instiguen actos de ultraje contra los símbolos patrios.
La disposición fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a integrantes de su gabinete. La nueva normativa entrará en vigencia este viernes 31 de julio.
El decreto incorpora nuevas causales de inadmisión y permanencia en la Ley de Migraciones, facultando a la Dirección Nacional de Migraciones a impedir el ingreso de extranjeros que realicen este tipo de conductas y a cancelar la residencia de quienes ya se encuentren en el país.
Según el texto oficial, serán alcanzados quienes expresen mensajes de odio de manera oral o escrita, promuevan o inciten a la violencia contra ciudadanos argentinos por motivos de nacionalidad, o participen e instiguen actos considerados ofensivos contra los símbolos nacionales.
En caso de que las conductas sean cometidas por extranjeros con residencia en Argentina, la autoridad migratoria podrá cancelar su estatus legal e intimarlos a abandonar el territorio nacional en un plazo determinado o disponer directamente su expulsión, teniendo en cuenta las circunstancias personales y los hechos atribuidos en cada caso.
El Gobierno aclaró expresamente que la norma no alcanza a las expresiones de disenso ideológico ni a las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución Nacional. De esta manera, el decreto establece una diferenciación entre las manifestaciones protegidas por la libertad de expresión y aquellas consideradas como incitación al odio o la violencia.
En los fundamentos del DNU, el Poder Ejecutivo sostuvo que en los últimos meses aumentaron "considerablemente" las expresiones de hostilidad y menosprecio dirigidas contra la República Argentina, su pueblo, su cultura y su identidad nacional. Asimismo, argumentó que estas conductas afectan la convivencia social y representan un riesgo para los ciudadanos.
"La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", expresó la Oficina del Presidente en un comunicado difundido tras la publicación del decreto.
El Ejecutivo también señaló que la política migratoria argentina se basa en una histórica tradición de hospitalidad, aunque recordó que el Estado posee la facultad soberana de establecer las condiciones de ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros.
Para justificar jurídicamente la medida, el Gobierno citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoce el derecho de los Estados soberanos a admitir o rechazar el ingreso de extranjeros bajo las condiciones que consideren pertinentes.
El decreto será remitido ahora a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez y elevar un dictamen al pleno de ambas cámaras para su tratamiento dentro del plazo previsto por la legislación vigente.
La decisión del Gobierno llega en medio de las denuncias formuladas por Javier Milei sobre la existencia de manifestaciones hostiles hacia Argentina registradas en los últimos meses, particularmente durante la disputa del Mundial de fútbol de 2026 y otros episodios que el Ejecutivo consideró ofensivos hacia el país y sus ciudadanos.
Según Lucas Malaspina, miembro de la consultora Sustantivo, "la mayoría de los argentinos cree que hay una campaña anti-Argentina". Sin embargo, especialistas como María de los Ángeles Lasa y otras consultoras no encuentran evidencia de una acción coordinada en contra del país.
A pesar de la falta de pruebas, la percepción pública se torna contundente. "Cuando la opinión pública es tan contundente, los datos se vuelven un elemento casi secundario", explicó.
