Javier Puebla
Cuatro de los 5 miembros del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvieron de forma unánime, hacer lugar al pedido de recusación presentado por la provincia en contra del Juez Ernesto Löffler en torno a la resolución del pedido de reforma de la Constitución Provincial presentado por el Ejecutivo.
Los jueces María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume, Miriam Edith Cristiano y Javier Darío Muchnik, firmaron como representantes del máximo órgano judicial de la Provincia que la presencia del magistrado Löffler no daba garantías de imparcialidad para tratar los cuestionamientos de fondo que recibió la intención del Gobierno de modificar la Carta Magna.
Si bien el pedido de recusación remitía a dos temas puntuales, los magistrados coincidieron en que “se advierte la intencionalidad del Dr. Löffler de retener indebidamente las actuaciones sin expedirse al respecto, pese al requerimiento cursado por la Secretaría de Demandas Originarias de este Superior Tribunal de Justicia, con el objeto de demorar su resolución y, en consecuencia, evitar la concreción de la reforma constitucional propiciada por el Gobierno provincial”.
Para los jueces, estas demoras “evidencian la falta de imparcialidad, objetividad e independencia y la exclusiva y directa responsabilidad del mismo en la dilación del proceso que impacta en las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso legal”.
Por otro lado y en relación a las declaraciones vertidas por el Juez Löffler en un medio radial de la ciudad de Río Grande, en la que hacía referencia a su postura personal en un rechazo a la reforma constitucional fueguina, la misma no se tuvo en cuenta, dado a que la presentación fue realizada de forma extemporánea y al momento de realizar dichas expresiones, no se había presentado aún el proyecto de ley para una probable reforma.
A partir de ahora y con la recusación de Löffler, los cuatro miembros restantes del Superior Tribunal de Justicia deberán analizar y resolver sobre el llamado a elecciones convencionales para llevar adelante la reforma constitucional tan solicitada por el propio gobernador Gustavo Melella.
Resolución del Superior Tribuinal de Justicia
