Son designaciones “en comisión” por un año legislativo. Las decidió el Presidente tras el estancamiento de pliegos en el Senado. La Cámara Alta puede rechazarlos. Macri había actuado de manera similar con Rosenkrantz y Rosatti.
Nacionales25/02/2025
Javier Puebla
El Gobierno anunció este martes que el presidente Javier Milei designó por decreto en la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en comisión "hasta la finalización del próximo período legislativo".
Así lo anunció el Gobierno en un comunicado, donde estableció que la decisión se tomó para "normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, que no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros".
"Esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos", añadió.
Y sostuvo que "no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino bajo ninguna circunstancia".
Desde el Poder Ejecutivo recordaron que la Constitución Nacional otorga al Presidente la facultad exclusiva de nominar jueces para la Corte Suprema, mientras que el Senado debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos en base a un análisis de idoneidad y sin criterios políticos.
En ese marco, el comunicado oficial sostuvo que “la politización de la Justicia es una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio judicial eficiente” y destacó que “una notable mayoría del arco político respaldó en su momento a Néstor Kirchner y Mauricio Macri en la designación de jueces para la Corte”.
Ante la falta de definición del Senado, el Gobierno argumentó que la Constitución habilita al Presidente a realizar nombramientos en comisión para cubrir vacantes durante el receso legislativo, hasta que la próxima legislatura se expida sobre el tema.
Finalmente, la Casa Rosada justificó la medida señalando que “el Máximo Tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros” y ratificó que continuará el trámite legislativo para que el Senado ejerza su atribución de prestar acuerdo a los pliegos.
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