


Nueva pelea entre la justicia y la provincia por la Reforma constitucional
Javier Puebla
Una nueva disputa se generó en las últimas horas entre el Superior Tribunal de Justicia y el gobierno de la provincia en relación a la reforma de la Constitución Provincial.
A la resolución emitida por el máximo órgano judicial de la provincia, por la cual se suspendieron los procesos electorales para la confirmación de convencionales constituyentes que deberían llevar adelante la discusión por la reforma constitucional, en las últimas horas, se conoció una intimación contra la provincia, en la cual ordena la inmediata suspensión de publicación en medios gráficos sobre la convocatoria a elecciones para el próximo 10 de noviembre.



Intimación del Superior Tribunal de Justicia
Ante esta situación, el pedido que fue firmado únicamente por el Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Ernesto Adrián Löffler, solicita respecto a la publicación de la convocatoria a elecciones “intimar al Poder Ejecutivo de la Provincia a que se abstenga de realizar toda acción tendiente a la concreción de la elección suspendida. Ello bajo apercibimiento de la Ley”. Al mismo tiempo, dispuso que se corra vista al Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia a los fines que estime corresponder.
Cabe recordar que el propio Superior Tribunal de Justicia resolvió hacer lugar al pedido de certeza presentado por el legislador Jorge Lechman para declarar inconstitucional la Ley provincial 1529, como así también el decreto firmado por el mandatario provincial 1656/24, por el cual convocaba a elecciones para el próximo 10 de noviembre.
Uno de los puntos por el cual se suspendían los plazos para los comicios, fue que la provincia no habría realizado la publicación en medios informando sobre el llamado a elección, medida que se encuentra realizando la provincia y que justamente, el Vicepresidente del STJ solicita que se abstengan a continuar publicitando.

Publicación de convocatoria a elecciones en diario El Sureño
Aguardando la respuesta
Por otro lado, tras la declaración de certeza, la justicia le otorgó un plazo de 30 días al gobierno para responder en relación a la suspensión, plazos que aún continúan corriendo y por el momento no se ha otorgado una respuesta por parte de la provincia.


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