


Las sanciones argentinas afectan la operación de Sea Lion en Malvinas
Javier Puebla
Las acciones legales, regulatorias y diplomáticas desplegadas por la Argentina contra la exploración ilegal de hidrocarburos en el yacimiento Sea Lion, situado al norte de las Islas Malvinas, comenzaron a generar impacto financiero y logístico en el consorcio operado por firmas británicas e israelíes.


A pocos días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo se pronuncie el próximo 28 de noviembre sobre las medidas cautelares solicitadas para detener las perforaciones, la presión preventiva ya derivó en bajas operativas.
De acuerdo con lo expresado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la instrumentación de las sanciones legales vigentes, que prohíben operar en territorio argentino y contemplan acciones penales para petroleras y contratistas, “desató una ola de deserciones clave”.
En ese contexto, la firma británica Rockhopper Exploration debió notificar ante la Bolsa de Londres que dos de sus contratistas abandonaron el proyecto ante el temor de afrontar represalias judiciales y comerciales. Asimismo, el astillero Seatrium, con sede en Singapur, analiza la cancelación de la remodelación de la unidad flotante Aoka Mizu (FPSO), pieza técnica indispensable para el procesamiento de crudo.
Desde la Cancillería, remarcaron que “esta ofensiva legal y operativa ya se refleja con contundencia en los mercados internacionales”, precisando que “al cierre de la semana, las acciones de Rockhopper Exploration registraron una caída del 1,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los papeles de su socia israelí Navitas Petroleum retrocedieron un 6,59% en la Bolsa de Tel Aviv”.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno reafirmó la postura del Estado argentino durante su intervención en el evento Marval Legal Forecast 2027: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”.
El funcionario advirtió que el arbitraje internacional proseguirá “con absoluta firmeza más allá de la resolución cautelar de Hamburgo” y enfatizó a los actores corporativos involucrados que operar de forma ilegítima implica un “alto costo de negocios”.
En paralelo al frente internacional, el Ejecutivo nacional impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, diseñado para endurecer el régimen sancionatorio y bloquear futuras incursiones no autorizadas en el Atlántico Sur.
Aunque el debate parlamentario en la Cámara de Diputados se vio frustrado esta semana por falta de quórum, el Gobierno mantiene la vía judicial y la presión comercial como pilares para frenar la explotación unilateral de recursos en áreas disputadas.
Pese a los contratiempos reportados a los inversores, desde Rockhopper argumentaron que la operadora mayoritaria, Navitas Petroleum, mantiene la previsión de avanzar con el proyecto Sea Lion hacia 2027 en la fase NDA 1, buscando reemplazar a las firmas salientes para mitigar los efectos del bloqueo legal argentino.


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