Para el fiscal, no hay pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra Manuel Adorni deje de investigarse como un presunto enriquecimiento ilícito y sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para determinar si hubo evasión tributaria. Según su dictamen, las pruebas reunidas no permiten descartar que los fondos cuestionados hayan sido obtenidos antes del ingreso del funcionario al Poder Ejecutivo.

El pedido no supone un sobreseimiento ni una decisión judicial definitiva. El juez federal Ariel Lijo deberá resolver si acepta la declinatoria de competencia y envía el expediente al otro fuero. Para la Fiscalía, aunque no hay elementos suficientes para sostener un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública, persisten indicios de ingresos, dólares en efectivo y criptoactivos que habrían permanecido sin declarar durante años.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y examinó la evolución patrimonial de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

En ese período, la Fiscalía detectó erogaciones por US$402.578,12, de las cuales US$374.081,66 se pagaron en efectivo. También identificó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas relevados.

Los desembolsos incluían pagos vinculados con la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, mobiliario, la escritura de una propiedad en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones, según el dictamen, se concretó por fuera del sistema bancario o con intervención de terceros.

Ante la intimación para justificar su patrimonio, la defensa de Adorni sostuvo que los fondos provenían de una inversión en Bitcoin anterior a su llegada al Gobierno. Afirmó que entre 2014 y 2018 operó con ocho direcciones de autocustodia, que las compras sumaron cerca de US$200.000 y que la posterior venta de los activos produjo US$591.544,61, conservados luego en efectivo.

Pollicita consideró que esa explicación no pudo ser refutada con los elementos disponibles. El dictamen señaló que, para sostener la hipótesis de enriquecimiento ilícito examinada, el incremento patrimonial apreciable e injustificado debía haberse producido después de la asunción del cargo público. El origen de los fondos planteado por la defensa, en cambio, se ubica varios años antes de diciembre de 2023.

El fiscal también remarcó que la investigación no logró relacionar el dinero cuestionado con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”.

La Fiscalía ordenó una verificación criptográfica de las ocho direcciones de Bitcoin presentadas por la defensa. La diligencia confirmó que, al momento de realizarse, las claves privadas estaban bajo control de la defensa de Adorni y permitían generar firmas digitales válidas.

También se verificó que las direcciones registraron actividad entre 2014 y 2018 y que ya no tenían saldo. Sin embargo, el informe técnico de la Policía Federal Argentina aclaró que la cadena de bloques no permite identificar a la persona que controlaba una billetera en una fecha determinada ni establecer desde cuándo tenía acceso a su clave privada.

La pericia tampoco pudo reconstruir con certeza las contrapartes, los lugares y las condiciones de todas las operaciones. De los 41 movimientos registrados, 17 no habrían tenido contacto con plataformas. Los restantes se vincularían con servicios del exterior cuyos plazos de conservación de datos ya habrían vencido.

Para la Fiscalía, esas limitaciones impiden confirmar de manera definitiva la versión de Adorni, pero también desacreditarla. El informe consideró técnicamente consistente la posibilidad de que quien controla actualmente las direcciones también las hubiera administrado entre 2014 y 2018.

El dictamen reconstruyó además los ingresos formales de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, a partir de registros de ANSES y ARCA. Las remuneraciones acumuladas del matrimonio, convertidas a dólares según el tipo de cambio oficial promedio de cada año, alcanzaron aproximadamente US$335.000 hasta 2014 y US$493.000 al extender el cálculo hasta 2018.

Los registros cambiarios mostraron, por otra parte, compras conjuntas de divisas por US$60.983 entre 2011 y 2014, que ascendieron a US$83.472 al incluir 2015.

La Fiscalía aclaró que esas cifras no acreditan por sí solas la inversión en Bitcoin ni permiten reconstruir todos los gastos de subsistencia de la familia. No obstante, entendió que ubican esa inversión dentro de una escala económica posible y que no permiten considerarla materialmente inviable.

El expediente también incorporó una fuente documentada de dólares durante el período investigado: la venta por US$50.000 de un inmueble heredado en La Plata.

Aunque consideró explicado el núcleo patrimonial que había originado la intimación, Pollicita advirtió posibles irregularidades tributarias. Según el documento, la propia defensa reconoció que parte de los datos incluidos en declaraciones juradas rectificativas correspondían a información que antes no había sido declarada y que los ahorros familiares se habían mantenido fuera del sistema bancario y del control de ARCA.

Entre los aspectos que el fiscal pidió investigar figuran los ingresos profesionales utilizados para comprar Bitcoin, la posterior venta de esos activos, la tenencia de moneda extranjera sin declarar y otras operaciones con criptoactivos. También señaló diferencias entre la información presentada ante Binance y la declarada ante organismos públicos, así como contratos de préstamo cuya efectiva entrega de fondos no habría sido acreditada.

El dictamen sostuvo que existen indicadores que podrían superar una infracción administrativa: la omisión de bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la participación de terceros y la declaración de fondos una vez iniciada la causa.

Por eso, solicitó que el juzgado se declare incompetente y remita las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, que deberá establecer, ejercicio por ejercicio, si existió evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales.

Pollicita también requirió que se extraigan testimonios —copias de las actuaciones pertinentes— para que ese fuero examine las conductas de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, y del contratista Matías Tabar, por operaciones que habrían quedado fuera del control impositivo.

Además, pidió enviar actuaciones al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúe la intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones investigadas.

Las denuncias que dieron origen a la causa apuntaron a viajes, la evolución patrimonial y la adquisición de dos propiedades: una casa en Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y un departamento con cochera en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

La vivienda del country fue escriturada en noviembre de 2024, a nombre de Angeletti, por US$120.000, a los que se sumó una tasa de ingreso al barrio privado de US$5.000. Para financiar la compra, el matrimonio tomó un préstamo no bancario de US$100.000, respaldado con una hipoteca sobre el departamento que poseía en Parque Chacabuco. Los US$20.000 restantes fueron informados como un pago en efectivo.

Las prestamistas fueron dos mujeres policías: Graciela Isabel Molina de Cancio, que aportó US$85.000, y su hija Victoria Cancio, que entregó los US$15.000 restantes. Según la documentación examinada, el crédito debía devolverse en dos años, con una tasa anual del 11% y cuotas mensuales de entre US$600 y US$900 por intereses.

Las refacciones también quedaron bajo análisis. El contratista Matías Tabar declaró que cobró US$245.000 en efectivo y sin facturas. Adorni rechazó ese monto en su descargo y sostuvo que las obras costaron US$175.000, que atribuyó a ahorros anteriores.

La segunda compra se concretó en noviembre de 2025 por US$230.000. Según lo relevado en la causa, Adorni habría aportado US$30.000 en efectivo y financiado los US$200.000 restantes con una hipoteca privada otorgada por las anteriores propietarias, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

Ese préstamo se pactó sin intereses y con un plazo de devolución de dos años. El expediente también incluyó una deuda por las reformas: Pablo Feijoo, hijo de una de las acreedoras y gestor de la compraventa, declaró haber financiado trabajos por US$65.000.

Las dos adquisiciones resultaron relevantes para la investigación porque se produjeron mientras Adorni y Angeletti conservaban otros inmuebles en La Plata y Parque Chacabuco. Los créditos privados, los desembolsos en efectivo y el valor de las remodelaciones integraron los puntos que la defensa debió justificar.

Otro de los ejes del expediente fue el uso de tarjetas de crédito de empleados y funcionarios que dependían de Adorni. La Fiscalía pidió explicaciones sobre compras atribuidas a su entorno, entre ellas blanquería y colchones para la casa de Indio Cuá, equipamiento tecnológico y artículos para videojuegos.

Entre los consumos figuraban $8.183.303,25 en ropa blanca y otros productos para la vivienda, dos proyectores de $1.831.795 cada uno y un monitor de $2.185.000.

La secretaria de la Vocería Presidencial, Gisela Kocsis, declaró que realizó compras a su nombre y que Adorni le reintegraba los importes en efectivo. La defensa explicó que algunas operaciones correspondían a tareas de asistencia personal y laboral, mientras que otras eran compras puntuales cuyos montos se devolvían cuando llegaban los resúmenes de las tarjetas.

También sostuvo que Angeletti pagó en efectivo los colchones y la blanquería. Estas operaciones formaron parte de los 20 puntos que el exjefe de Gabinete debía explicar en la investigación patrimonial.

La continuidad del expediente y su eventual envío al fuero penal económico quedaron ahora sujetos a la resolución de Lijo.