Javier Puebla
La medida fue dispuesta por la jueza Mariel Borruto, quien hizo lugar a una demanda cautelar presentada contra las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La resolución exige frenar las actividades de perforación, el despliegue de instalaciones submarinas y el inicio formal de la explotación hidrocarburífera en la cuenca Malvinas Norte.
Además, la magistrada dispuso una serie de restricciones financieras para impedir que las empresas involucradas cierren nuevos acuerdos de financiamiento, reciban desembolsos, transfieran aportes de capital o constituyan garantías destinadas a la ejecución del emprendimiento.
En su fallo, la jueza Borruto aclaró que la determinación "reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal".
Asimismo, la Justicia argentina intimó a ambas compañías a presentar, en un plazo perentorio de diez días desde su notificación, una declaración jurada detallada con la documentación sobre el estado actual del proyecto. Entre los puntos exigidos, las empresas deberán informar:
Cronograma operativo: Fechas previstas de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación.
Infraestructura y contratistas: Cantidad y ubicación de los pozos, unidades flotantes contratadas y nómina de los principales contratistas y subcontratistas.
Estructura financiera y societaria: Entidades bancarias o fondos involucrados, desembolsos realizados o pendientes y aseguradoras vinculadas.
Estudios ambientales: Evaluaciones de impacto, modelizaciones de derrames de petróleo y planes de contingencia.
Apoyo logístico: Obras portuarias e instalaciones terrestres ejecutadas o proyectadas para dar soporte al proyecto.
El fallo busca frenar el avance de la explotación ilegal de recursos naturales bajo jurisdicción argentina y notificar formalmente a las autoridades regulatorias y mercados de valores internacionales sobre la existencia del proceso judicial en curso.
