Javier Puebla
Las medidas fueron oficializadas mediante los decretos N° 0865/26 y 0866/26, a través de los cuales el Poder Ejecutivo devolvió ambos proyectos al Parlamento fueguino en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Constitución Provincial.
Por medio del Decreto N° 0865/26, el mandatario rechazó la norma que pretendía dejar sin efecto la Ley Provincial N° 1529, herramienta legislativa que habilitó el proceso de reforma parcial de la Carta Magna fueguina.
Desde el Ejecutivo se indicó que el veto se sustenta en los fundamentos desarrollados en los considerandos del instrumento legal, en una medida que se produce en medio de un creciente conflicto político y judicial por la continuidad del proceso constituyente impulsado por el oficialismo.
La decisión refuerza la postura del Gobierno provincial de sostener la convocatoria a elecciones constituyentes y profundiza la confrontación con sectores opositores que cuestionan la legalidad, oportunidad y viabilidad institucional de avanzar con la reforma.
En paralelo, mediante el Decreto N° 0866/26, Melella también vetó totalmente la denominada Ley de Goteo, iniciativa que proponía la creación de un mecanismo automático de transferencia de recursos hacia los municipios fueguinos.
El proyecto había despertado expectativa entre intendentes y referentes municipales, ya que buscaba otorgar mayor previsibilidad financiera a las administraciones locales mediante un sistema de distribución más estable de fondos provinciales.
Sin embargo, el Ejecutivo provincial resolvió rechazarlo en su totalidad, argumentando razones expuestas en el exordio del decreto, aunque el contenido completo de esos fundamentos será eje de análisis político en los próximos días.
Fuentes vinculadas a Casa de Gobierno y sectores legislativos señalaron además que el próximo lunes podrían concretarse nuevos vetos sobre otras leyes aprobadas en la última sesión parlamentaria, en lo que aparece como una clara señal de endurecimiento por parte del Ejecutivo frente al nuevo escenario político abierto tras la ofensiva legislativa opositora.
Con estas decisiones, el Gobierno provincial no solo busca preservar herramientas consideradas estratégicas para su agenda institucional, sino que también profundiza un conflicto de poderes que promete trasladarse tanto al ámbito legislativo como al judicial.
El escenario político fueguino ingresa así en una etapa de máxima tensión, con una pulseada abierta entre el oficialismo, la oposición legislativa, la Justicia electoral y los municipios, en un contexto donde cada decisión podría redefinir el mapa institucional de la provincia.
