Javier Puebla
Se trata de Jonathan Gastón Iván Burgoa Albarracín, de 37 años, su hijo Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores, ambos de 18, quienes habían sido detenidos el fin de semana del 2 y 3 de mayo por el ataque a otro hombre en el marco de un presunto ajuste de cuentas vinculado al robo de una bicicleta.
Tras ser indagados la semana pasada y luego de que se les negara la excarcelación, este sábado 9 de mayo fueron finalmente puestos bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial.
Según denunciaron sus familiares, habían advertido previamente sobre los riesgos que implicaba su ingreso al pabellón B, donde supuestamente mantenían conflictos pendientes con otros internos. Desde el Servicio Penitenciario, en tanto, señalaron que los tres detenidos firmaron su conformidad para ser alojados en ese sector.
Sin embargo, ese mismo sábado por la tarde, un grupo de reclusos habría ingresado a la celda donde se encontraban y los atacó violentamente, provocándoles graves lesiones, entre ellas fracturas de maxilar, tabique nasal y múltiples traumatismos.
Los tres fueron asistidos en el hospital local y posteriormente trasladados a la ciudad de Ushuaia, donde permanecen alojados bajo custodia para resguardar su integridad física. Pese a la gravedad del episodio, se encuentran fuera de peligro.
Aunque las víctimas se negaron a identificar o denunciar a sus agresores, la Justicia inició de oficio una causa por “lesiones graves”, con intervención de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción Nº 3.
En paralelo, familiares de los Burgoa se presentaron ante la sede judicial para denunciar a las autoridades penitenciarias por presunta inacción y por haber autorizado el ingreso al pabellón pese a conocer el riesgo existente por conflictos previos con allegados de otros internos.
Incluso, según expusieron ante la Justicia, la jueza interviniente no habría sido informada del traslado de los detenidos a Ushuaia, pese a que antes del jueves debe resolver su situación procesal en la causa original.
La investigación ya avanzó con el pedido de registros de cámaras de seguridad de la unidad carcelaria para identificar a los responsables de la agresión y determinar si existió responsabilidad o negligencia por parte del personal penitenciario. El caso suma tensión a una causa que ahora incorpora nuevas derivaciones judiciales y posibles responsabilidades institucionales.
