Javier Puebla
A una semana del cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada, la oposición impulsa en el Congreso una ley para impedirlo. Un proyecto presentado en el Senado, al que se sumará próximamente otro en la Cámara de Diputados, apunta a blindar las oficinas de prensa en los tres poderes del Estado y proteger el derecho a la libertad de expresión de decisiones arbitrarias de la gestión de turno.
El pasado 23 de abril, el gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa de Gobierno debido a la conducta de un cronista del canal Todo Noticias que filmó con gafas inteligentes pasillos que son de uso público en el marco de un informe periodístico. Fue acusado de cometer “espionaje” y como reprimenda se clausuró la sala, en un hecho inédito en democracia.
La oposición empezó a tomar cartas en el asunto desde el Congreso. Por un lado, la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, la peronista jujeña Carolina Moisés, presentó un proyecto para blindar por ley las salas de prensa tanto de la sede del Poder Ejecutivo como del Legislativo y el Judicial.
Se establece que los tres poderes deberán contar con “una sala de prensa institucional de carácter permanente para los periodistas y trabajadores de la comunicación debidamente acreditados, cuyo funcionamiento garantice la libertad de expresión, la transparencia institucional, el libre ejercicio del periodismo, facilite la comunicación oficial y permite el escrutinio social de la opinión pública”.
Agrega que las salas de prensa no podrán ser reemplazadas por dependencias auxiliares, sedes alternas o espacios virtuales, “salvo situaciones de fuerza mayor debidamente fundadas y de carácter transitorio”. Por último, se prohíbe la revocación masiva o arbitraria de acreditaciones periodísticas y se aclara que “toda restricción de acceso deberá ser individual, motivada, documentada y revisable judicialmente”.
“No puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas. Las salas de prensa deben ser una obligación del Estado, no una concesión del poder de turno. Este proyecto viene a poner un límite claro a la discrecionalidad. No vamos a naturalizar ni debemos permitir que se instale este modo de censura. Sin salas de periodistas dentro del Estado no hay acceso real a la información. Y sin información pública, no hay democracia posible”, argumentó Moisés, del bloque Convicción Federal.
Reunión con periodistas
En la Cámara de Diputados, la oposición también reaccionó. Dado que la Comisión de Libertad de Expresión está bloqueada por su presidente, el oficialista Guillermo Montenegro, diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda realizaron su propia reunión con periodistas afectados. La organizó Nicolás Trotta, exministro de Educación y vicepresidente primero de la comisión.
En el encuentro, la massista Sabrina Selva anunció que impulsarán un proyecto similar al de Moisés. “No alcanza con repudiar. No podemos naturalizar la violencia del presidente frente al que piensa distinto. Tenemos que avanzar en el trabajo legislativo, porque así también obligaríamos a todos los diputados a que se expresen”, señaló.
La Libertad Avanza, el PRO y la UCR vaciaron la reunión. “Lamentamos la no presencia de ningún diputado del bloque oficialista y de otros bloques que en años anteriores hacían de la libertad de expresión una bandera y ahora transitan un silencio que nos preocupa”, advirtió Trotta. Una de las que quedó en la mira fue Silvana Giudici, creadora de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia).
Tampoco asistieron, a pesar de haber sido citados, el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, y el responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira (“Juan Doe” en redes sociales).
