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La querella expuso que la fiscal Juliana Companys le entregó la tobillera electrónica a Rodrigo Santi meses después y que su ex abogado trabajaba en la fiscalía.
Nacionales19/01/2026
Javier Puebla
Un ex instructor de Bomberos de la provincia de Córdoba, que confesó haber abusado de menores dentro del cuartel durante las prácticas, se encuentra con prisión domiciliaria y la querella expuso una investigación irregular y los extraños manejos por parte de la fiscalía a cargo de la causa.
La pesquisa contra Rodrigo Santi comenzó meses atrás cuando las víctimas denunciaron que el instructor los había abusado durante las prácticas para ingresar al cuartel de Bomberos. Sin embargo, desde hace un tiempo, la querella denuncia graves irregularidades en las que el acusado salió beneficiado.
Actualmente el ex Bombero está acusado de cinco hechos: tres abusos sexuales simples a menores, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores.
José Tomás Corigliano, abogado de la familia de una de las víctimas, respecto a las acusaciones comentó que la causa seguía sus pasos correspondientes hasta que, a fines de octubre, a partir del nuevo abogado que ingresó a la defensa de Santi, empezaron a tener problemas con el expediente digital.
Dicho defensor es Alejandro Bianco, trabajaba en el equipo de la fiscal Juliana Companys, a cargo de la investigación, y en julio se matriculó como abogado, para luego renunciar y ser el nuevo abogado del acusado: “Instruyó la causa y luego lo defendió. Es una locura, sabía todos los pasos”.
“Desde ese momento todo fue un caos. El 19 de noviembre, tras una cédula de notificación de la defensa del bombero por problemas de salud mental, le otorgan la prisión domiciliaria. Nosotros recién cinco días después pudimos anoticiarnos de que él ya estaba en su casa”, expuso Corigliano.
Con este escándalo, el querellante comentó que empezó a recibir mensajes en el que alertaban que Santi estaba con domiciliaria, pero no tenía tobillera electrónica, por lo que salía a buscar pedidos y hasta se movía por el lugar: “Recién la semana pasada se supo que el acusado tenía tobillera porque la fiscal Companys sacó un comunicado. Si la hubiese tenido puesta desde un comienzo, tendría que haber estado escrito en la resolución, pero no fue así, quisieron protegerse”.
A su vez, otro punto que expuso es que Santi debería ser condenado a 12 o 14 años de prisión, pero de manera sorpresiva la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo de pena de ocho años de cárcel en un juicio abreviado.
“Su nuevo abogado consiguió en poco tiempo reducir casi la pena en un 50% y una domiciliaria”, argumentó Corigliano, quien indicó que frente a este “papelón” decidieron recurrir a los medios de comunicación, por lo que, frente a la denuncia ante el Colegio de Abogados y de manera pública, Bianco renunció.
“Lo escandaloso de esta causa es que hay incompatibilidad clara en cuanto en lo ético y moral. Un funcionario no puede estar de los dos lados del mostrador. No puedo yo investigar y después, cuando ya está terminada la pesquisa para elevarla a juicio, renunciar y ponerme como defensor del acusado”, manifestó.
“Acá hay una inequidad brutal de armas porque, quien defendió al abusador, tenía más información que la propia querella que representa a las víctimas”, afirmó.
Corigliano destacó que Santi “es un abusador serial” y que hay más víctimas, pero dichas investigaciones están prescriptas por el paso de los años.
Se espera que el 1° de febrero sea una jornada importante debido a que la querella se va a oponer de manera formal a la resolución del otorgamiento de la domiciliaria: “Esperamos que la Jueza de control entre en razón y revoque la decisión”.
Ese mismo día presentarían como querella un escrito en el Incidente del Abreviado inicial, que aún no está resuelto por la Jueza de Control, “para sugerir que el mínimo sería de 10 años de pena”.
Según se pudo saber, Companys tiene varios conflictos en su carpeta, por lo que en agosto del año pasado el Tribunal de Ética del Poder Judicial de Córdoba le “llamó la atención” a través de un comunicado.

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