“Es el SUTEF quien define cuándo y dónde hay clases en la Tierra del Fuego”

A raíz de las metodologías de protesta que lleva adelante el gremio docente fueguino, el cual consiste en “desobligaciones”, las cuales consisten en presentarse en los lugares de trabajo y no brindar el normal dictado de clases, lo que para parte de la sociedad, consiste en un paro encubierto y de esta forma se aseguran en que la provincia no les descuente el día no trabajado, desde la legislatura buscan ‘poner un freno’ a dicha actividad. 

En diálogo con FM Origen, el Legislador del MPF Pablo Villegas confirmó que se encuentra trabajando en un proyecto de ley, el cual busca declarar la “ilegalidad de estas famosas desobligaciones, que son medidas de acción directa encubiertas”. 

El legislador agregó que dichas medidas “bajo un falso ropaje de ilegalidad, en los hechos representa nada más, ni nada menos, que la interrupción del dictado de clases, lo que debería habilitar a que el Gobierno de la provincia actúe de un modo distinto al que lo viene haciendo”. De esta forma, Villegas sostuvo que tras la sanción del proyecto, la provincia pueda efectuar los descuentos a los docentes que lleven adelante este tipo de medidas y no cumplan con el normal dictado de clases.

“En Tierra del Fuego tenemos una cruda realidad que hay que revertirla, que es el SUTEF quien define cuándo y dónde hay clases en la Tierra del Fuego”. 

Por otro lado, Villegas sostiene que para la provincia existe un grado de discrecionalidad jurídica y política, “pero lo primero y fundamental es garantizar un derecho humano, personal, de carácter social, fundamental, como lo es el derecho a aprender, educar, al cual el Estado provincial está obligado por Constitución”, agregando que “las desobligaciones, representan los hechos, la interrupción de las clases a nuestros niños, a nuestros jóvenes”, por lo que se buscará que desde la legislatura se garantice el normal dictado de clases en la provincia.  

Finalmente, aclaró que con el proyecto que presentará ante la cámara, buscará que el “Poder Legislativo haga lo que el Poder Ejecutivo no está haciendo”, declarando la ilegalidad de las medidas, arbitrando herramientas al Ministerio de Trabajo con el fin de poder adoptar las medidas correspondientes en el caso.