Javier Puebla
El procedimiento se desencadenó tras una denuncia penal de la Fiscalía de Estado, que acusó a las autoridades portuarias de impedir de forma reiterada el ingreso de los fiscalizadores de la Secretaría de Ambiente.
La orden de registro para el predio de Maipú 510 fue dictada en el marco del expediente Nº 42.281/2026.
Según consta en la presentación judicial, los inspectores provinciales sufrieron reiterados rechazos y trabas burocráticas para acceder a las instalaciones entre los meses de agosto y octubre de este año, lo que motivó la intervención directa de la Justicia para garantizar el poder de policía ambiental del Estado provincial.
Los puntos clave bajo la lupa judicial
El operativo, que contó con el apoyo de la Prefectura Naval Ushuaia y la autorización del uso de la fuerza pública en caso de resistencia, desplegó a especialistas de las áreas de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos en sectores estratégicos de la terminal:
• Manejo de sustancias peligrosas: Auditoría en los muelles comercial y de catamaranes, la plazoleta fiscal y los talleres mecánicos para verificar el almacenamiento, estado de conservación y la trazabilidad de los residuos generados.
• Monitoreo del agua y suelo: Inspección visual y toma de muestras en busca de derrames ocultos, filtraciones de hidrocarburos y fallas en los sistemas de drenaje pluvial que desembocan en el Canal Beagle.
• Obras e infraestructura: Control de los trabajos de mantenimiento de embarcaciones y las obras que pudiesen alterar o contaminar el recurso hídrico local.
Desde la Justicia aclararon que el allanamiento tiene como fin primario asegurar el libre acceso de los peritos oficiales y esclarecer la presunta obstrucción de funciones públicas.
Si bien la resolución detalla que era indispensable realizar una verificación presencial ante las severas dudas sobre la disposición final de ciertos desechos, se especificó que los elementos reunidos hasta el momento no configuran una prueba automática de daño ecológico consumado.
Las tareas de fiscalización continuarán durante las próximas horas para labrar las actas correspondientes y determinar el grado de cumplimiento normativo de la terminal portuaria.
