Javier Puebla
La representación bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) anunció que promoverá un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires del nuevo régimen penal juvenil.
La decisión de la magistrada, integrante del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, frenó temporalmente la implementación de la norma que establece en 14 años la edad de imputabilidad.
La acusación de La Libertad Avanza
Desde LLA cuestionaron duramente el fallo y sostuvieron que la decisión judicial “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación” y profundiza, según el espacio oficialista, la situación de impunidad en la provincia.
Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, apuntó directamente contra la magistrada.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, afirmó.
El dirigente sostuvo además que Pascual está intentando frenar una norma que fue aprobada por el Congreso y que, según su interpretación, responde a un reclamo de la sociedad.
Preparan la presentación contra la magistrada
A través de un comunicado, LLA informó que sus legisladores provinciales, junto con un equipo técnico, ya trabajan en una presentación para promover el juicio político contra Pascual.
La iniciativa surge luego de que la jueza dispusiera la suspensión temporal de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en territorio bonaerense.
El fallo abrió así un nuevo frente político y judicial en torno a la reducción de la edad de imputabilidad, uno de los ejes de la política de seguridad impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
La disputa por la nueva ley
La Libertad Avanza busca ahora llevar el conflicto al ámbito institucional bonaerense mediante el pedido de juicio político, mientras la resolución de Pascual mantiene suspendida durante 60 días la aplicación de la norma en la provincia.
El oficialismo considera que la decisión judicial interfiere con una ley aprobada por el Congreso. La discusión quedó así instalada entre el alcance de la nueva legislación penal juvenil y la decisión de la Justicia de suspender temporalmente su aplicación.
