Javier Puebla
El canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno notificó a unas 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y les advirtió que deberán elegir entre continuar con esas operaciones o afrontar sanciones en la Argentina.
El funcionario realizó estas declaraciones durante su exposición en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, Misiones, donde explicó los alcances de la estrategia oficial frente a las actividades petroleras desarrolladas en el archipiélago.
“Van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, sostuvo Quirno.
El alcance de las sanciones
El canciller explicó que el Gobierno avanzó con un decreto reglamentario de la Ley 26.659, que establece sanciones para empresas que operen en Malvinas sin autorización argentina.
Según detalló, el alcance no se limita a las compañías petroleras, sino que incluye a empresas que les prestan servicios petroleros, financieros y de seguros, entre otras actividades.
“Estamos generando ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”, afirmó.
Quirno señaló que las empresas fueron notificadas durante la semana pasada y remarcó que el universo alcanzado por las medidas llega actualmente a unas 180 compañías.
Vaca Muerta, en el centro de la estrategia
El canciller vinculó las nuevas medidas con el desarrollo de Vaca Muerta y sostuvo que el crecimiento de los activos energéticos argentinos modificó las condiciones respecto de cuando se sancionó la Ley 26.659.
“Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”, explicó.
Para Quirno, el desarrollo energético argentino permite ofrecer a las empresas una alternativa frente a las actividades hidrocarburíferas en las islas y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad de negociación del país.
“Esta valorización de los activos estratégicos que nos hace parar de manera diferente ante el mundo es clave”, sostuvo.
Cambios en la Ley 26.659
El Gobierno también enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659 y ampliar el alcance de las sanciones.
Quirno explicó que uno de los objetivos será establecer mecanismos que permitan a las compañías abandonar sus operaciones en Malvinas y, eventualmente, volver a desarrollar actividades en Argentina.
“Tenemos que generar los mecanismos bajo los cuales podamos entrar y salir de ese proceso, una vez que desestimaste”, señaló.
Además, adelantó que quienes aspiren a acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no están incumpliendo la normativa sobre Malvinas.
La Base Naval en Tierra del Fuego
Quirno también se refirió al anuncio de Javier Milei sobre la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Según el canciller, la obra permitirá reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística vinculada con la Antártida y fortalecer la custodia del Mar Argentino.
“Nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica en Tierra del Fuego”, afirmó.
El impacto en las petroleras de Malvinas
El funcionario también destacó el comportamiento de las acciones de las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion, que busca desarrollar producción petrolera offshore en la Cuenca Malvinas Norte.
Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration son las compañías a cargo del proyecto. Según los datos mencionados por Quirno, las acciones de Rockhopper retrocedieron 6,3% en la Bolsa de Londres, mientras que las de Navitas cayeron 2,3% en Tel Aviv.
El canciller interpretó ese movimiento como parte del impacto de la estrategia oficial.
“Es el ejercicio de una diplomacia ejecutiva y una diplomacia económica”, sostuvo, y remarcó que el Gobierno busca combinar herramientas diplomáticas, legales, económicas y financieras.
Una estrategia coordinada
Quirno aseguró que las medidas forman parte de una estrategia integral y no de decisiones aisladas.
“Estas no son medidas a la marchanta. Estas son una estrategia absolutamente integrada, coordinada, para que tenga el mayor impacto posible”, afirmó.
También señaló que la Cancillería mantiene conversaciones con el sector privado y aseguró que varias cámaras empresariales respaldaron la iniciativa.
El funcionario agregó que el Gobierno trabaja con Chile en relación con la asistencia logística para las actividades de hidrocarburos y pesca en el área y destacó que existe una coincidencia inicial respecto del planteo argentino de evitar esos servicios vinculados con las actividades en Malvinas.
