Javier Puebla
El Gobierno de Tierra del Fuego decidió intervenir en el conflicto laboral generado en el Grupo Mirgor luego de los alrededor de 300 despidos concretados este lunes en sus plantas de Río Grande.
A través del Ministerio de Trabajo provincial, el Ejecutivo encabezado por el gobernador Gustavo Melella dispuso el dictado de la conciliación obligatoria de oficio, con el objetivo de abrir una instancia formal de diálogo entre la empresa y los trabajadores.
La decisión busca encauzar el conflicto y generar un ámbito de negociación frente a la magnitud de las desvinculaciones, que impactaron sobre las distintas plantas que el grupo posee en la ciudad.
Primera audiencia este martes
En el marco de la medida, este martes se llevará adelante la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, con la participación de representantes de Mirgor y de los trabajadores.
La intervención de la autoridad laboral apunta a analizar el escenario generado tras los despidos y avanzar en la búsqueda de alternativas que permitan destrabar el conflicto.
La decisión del Ejecutivo provincial se produce luego de una jornada de alta tensión en el Parque Industrial de Río Grande, donde trabajadores afectados se manifestaron frente a las plantas de la compañía.
La UOM, por su parte, había presentado una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por el impedimento de ingreso de trabajadores y representantes sindicales y solicitado una audiencia urgente.
Una nueva instancia de negociación
Con la conciliación obligatoria, la autoridad laboral procura suspender los efectos de las medidas vinculadas al conflicto y establecer un período de negociación, durante el cual las partes deberán participar de las instancias convocadas por el Ministerio.
La intervención provincial se da además en un contexto de preocupación por la situación del sector industrial fueguino y las consecuencias que la reducción de puestos laborales puede generar sobre el empleo y la actividad económica.
La audiencia prevista para este martes será el primer paso de esta nueva instancia administrativa, mientras trabajadores y representantes gremiales aguardan definiciones respecto del futuro de los puestos de trabajo afectados.
