Javier Puebla
Sostuvo que la medida es “inviable” desde el punto de vista financiero y legal, y sostuvo que su aplicación, incluso, habría puesto en riesgo la continuidad de las prestaciones en toda la provincia.
La funcionaria explicó que gran parte del costo que pagan los usuarios está determinado por el Gobierno Nacional, por lo que la Provincia no tiene margen para congelar unilateralmente los valores sin generar un fuerte desfinanciamiento del sistema.
“La factura que paga el vecino, el 60% está establecida por Nación que fija el precio de la energía, y si la Provincia congelara sus tarifas, no tendría el dinero suficiente para pagarle a la Nación”, afirmó Castillo. En ese sentido, advirtió que una decisión de ese tipo habría llevado tanto a la Cooperativa Eléctrica como a la Dirección Provincial de Energía (DPE) a acumular deudas y enfrentar sanciones.
Respecto del gas natural, la Ministra remarcó que las tarifas tampoco son definidas por el Ejecutivo fueguino. “La tarifa del gas no la define la Provincia, la habilita la Secretaría de Energía de la Nación”, señaló, al tiempo que indicó que retrotraer los valores habría derivado en un conflicto legal con el Gobierno nacional sin resolver el problema estructural de los costos energéticos.
Otro de los argumentos centrales del veto es el carácter “inequitativo” que tiene la iniciativa. Castillo sostuvo que la propuesta implicaba otorgar el mismo beneficio tanto a sectores vulnerables como a usuarios con alto poder adquisitivo.
“No es correcto subsidiar y evitar cortes a personas con alto poder adquisitivo al mismo tiempo que a familias vulnerables”, expresó. Además, observó que el proyecto tampoco contemplaba la situación de pequeños comerciantes y kioscos barriales, que habían quedado excluidos de la normativa.
En relación al servicio de agua, la Ministra aclaró que actualmente no se realizan cortes y que ya existen herramientas de asistencia para quienes atraviesan dificultades económicas. “A nadie se le corta el agua y hay tarifa subsidiada para casos sociales”, remarcó. También recordó que recientemente estuvo vigente una moratoria de seis meses para regularizar deudas sin intereses.
Finalmente, Castillo ratificó que el Ejecutivo provincial continuará sosteniendo mecanismos de ayuda focalizada para los usuarios que no pueden afrontar el pago de los servicios. “Sepan los vecinos que las oficinas de la DPOSS y de la DPE están abiertas para que el vecino que necesita hacer una adecuación de pago tenga la posibilidad”, afirmó.
Desde el Gobierno se insiste que el objetivo es garantizar soluciones individuales para las familias con dificultades económicas sin comprometer el financiamiento del sistema de energía y agua en toda la provincia.
