Javier Puebla
“Hoy se firma el veto y continúa el proceso electoral”, afirmó el funcionario, al sostener que la decisión del Gobierno busca despejar cualquier cuestionamiento jurídico y garantizar la realización de los comicios previstos para el 9 de agosto.
Canals expresó sorpresa por el reciente comunicado judicial vinculado al proceso y aseguró que esperaba una manifestación institucional distinta. “Me llamó muchísimo la atención. Pensé que iba a ser una solidaridad con la doctora Guerrero por el rechazo del Superior Tribunal de Justicia a su designación, pero terminó siendo una respuesta a declaraciones políticas de un funcionario”, señaló.
El ministro defendió sus cuestionamientos a la jueza electoral y remarcó que el juzgado debió haber emitido el cronograma electoral días atrás, en lugar de remitir actuaciones a la Fiscalía. Según argumentó, la derogación aprobada por la Legislatura aún no estaba vigente, ya que el Ejecutivo se encontraba dentro de los plazos legales para aplicar el veto.
“No había motivo jurídico para hacerlo. La ley que derogó la Legislatura todavía no estaba vigente porque el Ejecutivo estaba dentro de los plazos legales para vetarla”, sostuvo.
En esa línea, Canals insistió en que el proceso electoral comenzó formalmente el pasado 29 de abril, cuando el gobernador firmó el decreto de convocatoria, y afirmó que la ley 1529 ya cumplió con su finalidad institucional.
“La ley está agotada. Ya fue ejecutada. Es como querer derogar hoy un presupuesto que ya se aplicó”, comparó.
Asimismo, recordó que durante 2024 la constitucionalidad de la convocatoria ya fue debatida judicialmente, con un fallo firme del Superior Tribunal de Justicia, y minimizó el impacto de la presentación pendiente ante la Corte Suprema.
“Hubo un año entero de judicialización y la Corte Suprema solo tiene una queja presentada que no suspende plazos”, afirmó.
Para el funcionario, la demora en la publicación del cronograma electoral responde a maniobras dilatorias que afectan directamente el desarrollo del proceso constituyente y generan complicaciones políticas para las fuerzas partidarias.
“El Poder Judicial sabe mucho de eso: estirar plazos, pedir intervenciones innecesarias. Eso es lo que distancia a la Justicia de la sociedad”, lanzó.
Canals confirmó además que el veto ingresará formalmente a la Legislatura durante la jornada y consideró que esa medida permitirá subsanar la mayoría de los planteos realizados por la jueza electoral.
“Entendemos que con el veto ya no habrá excusas y el juzgado tendrá que emitir el cronograma electoral. El 9 de agosto tiene que haber elecciones en Tierra del Fuego”, enfatizó.
El ministro advirtió también que la incertidumbre institucional perjudica especialmente a los partidos políticos, que necesitan definir candidaturas, internas y estrategias electorales.
“Los más perjudicados son los partidos políticos porque necesitan organizar internas, congresos y definir estrategias electorales. Cuanto más se dilata el cronograma, más se complica todo el sistema institucional”, expresó.
Durante la entrevista, coincidió además con el exsenador Pablo Blanco, quien había definido el escenario como un “zafarrancho institucional”, aunque evitó denunciar una coordinación entre sectores judiciales y legislativos.
“No tengo elementos para decir eso, aunque hay cuestiones que llaman mucho la atención. Hay decisiones políticas y judiciales que parecen apuntar a asfixiar al Ejecutivo”, indicó.
Finalmente, Canals sostuvo que el Gobierno provincial actuó conforme a derecho, respetando las mayorías legislativas y las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
“No hay ninguna maniobra rara. Lo que hay es una convocatoria democrática para discutir la reforma de la Constitución. No entiendo cuál es el miedo a que la gente vote”, concluyó.
