Javier Puebla
“El problema es que lo que ha resuelto el Poder Legislativo es inconstitucional desde el mismo momento del tratamiento”, sostuvo el funcionario, al tiempo que explicó que la convocatoria a reforma “no es una ley simple, no es una ley común, sino que pone en marcha un proceso superior vinculado a derechos constitucionales”.
En ese sentido, el funcionario remarcó que “el proceso electoral ya está en marcha”, y advirtió que ninguna norma posterior puede interrumpirlo. “No puede haber después de todo el proceso en marcha otra ley que diga no”, afirmó.
Canals también subrayó que la medida legislativa afecta derechos fundamentales: “No se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido”, señaló, al explicar que la convocatoria activa institutos vinculados al sufragio y la participación ciudadana.
Respecto a los pasos a seguir, Canals adelantó que “nosotros vamos a vetar esta medida porque es inconstitucional. Estamos evaluando todas las opciones. La reforma está en marcha y el llamado a elecciones está vigente”.
Consultado sobre la posibilidad de judicialización, expresó que “esperemos no llegar a esa instancia”, aunque reconoció que podría haber intentos en ese sentido. No obstante, reafirmó su postura: “Estoy convencido de que se va a poder hacer la elección de Convencionales Constituyentes prevista para el 9 de agosto”.
El ministro también cuestionó los argumentos vinculados al costo económico del proceso: “No se puede medir la posibilidad de dejar plasmada en una carta magna el futuro de la provincia por cuestiones económicas”, afirmó. Y agregó: “Cuando hablan de costos, agrego todos los costos”, en referencia a la eventual ampliación de la Legislatura en 4 Legisladores más si la reforma no lo impide.
Finalmente, Canals defendió la necesidad de avanzar con la reforma constitucional y enumeró algunos de los ejes pendientes: “No podemos seguir sosteniendo cargos vitalicios, no se puede tener la reelección indefinida en el parlamento, debemos dejar plasmados los límites de la provincia, hay que actualizar la Constitución a las necesidades de la comunidad en el presente y por los próximos treinta o cuarenta años”, expresó.
