Javier Puebla
La decisión se produjo luego de que la propia empresa solicitara su quiebra, argumentando la imposibilidad de sostener su actividad. Según consta en el fallo, el actual presidente —quien asumió en noviembre de 2025— describió una estructura económica “profundamente deteriorada”, agravada por la falta de financiamiento y la imposibilidad de incorporar un socio estratégico que permitiera revertir la crisis.
En ese contexto, la compañía detalló que logró cumplir con el pago de salarios hasta diciembre de 2025, incluyendo aguinaldos, pero que solo pudo abonar el 25% de los haberes correspondientes a enero de este año, evidenciando el agravamiento de la situación financiera.
El Tribunal también tuvo en cuenta el incumplimiento del acuerdo preventivo previamente homologado, lo que terminó de configurar el escenario para avanzar con la quiebra. En ese sentido, sostuvo que la propia presentación de la firma constituye prueba suficiente de su estado de insolvencia.
La resolución judicial establece además una serie de medidas: la designación de un síndico que llevará adelante el proceso, la inhibición general de bienes, la prohibición de efectuar pagos fuera del marco judicial y la obligación de entregar activos y documentación. También se dispuso la clausura e incautación de bienes en el domicilio legal de la empresa, junto con la prohibición de salida del país para su titular.
Por otra parte, se fijó como fecha límite el 5 de agosto de 2026 para que los acreedores verifiquen sus créditos, en el marco de un proceso que continuará bajo las disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras.
El fallo también pone el foco en la situación de los trabajadores, a la que califica como “compleja y grave”, y deja abierta la posibilidad de analizar alternativas en el marco del proceso falencial.
