


Escándalo en la Justicia: Un empleado detenido por robo de expedientes y evidencia
Javier Puebla
A menos de dos meses de la renuncia del ex Juez Daniel Césari Hernández para evitar un Jury de Enjuiciamiento, pero con una causa penal en su contra, una sorprendente y nueva situación se produjo este miércoles.
Esta vez se vio involucrado un empleado del Poder Judicial de casi 30 años de carrera, quien se desempeña laboralmente dentro del Ministerio Público Fiscal, pero con un paso por el Juzgado de Instrucción N°2 de la ciudad de Río Grande.
Todo habría comenzado cuando su ex pareja radicó una denuncia por recomendación de un abogado ante la presencia de una importante cantidad de causas en original del Juzgado de Instrucción N°2, sobre las cuales se encontraba a cargo de llevar adelante los pasos administrativos dentro del proceso penal.
Ante esta denuncia, la cual recayó en el juzgado del Juez Raúl Sahade, se dispuso la realización de un allanamiento sobre una vivienda de calle Echelaine ubicada en el barrio Aeropuerto de Río Grande, lugar donde residía el empleado judicial.
Allí, se logró encontrar una gran cantidad de documentación perteneciente al Poder Judicial, causas penales que datan de los años 2014 y 2015, incluso no se descarta que haya expedientes aún con mayor antigüedad.
Entre los efectos encontrados durante el allanamiento, se destacaba la presencia de bolsas termoselladas, sobres membretados. Ambos elementos suelen ser utilizados para el resguardo de efectos secuestrados dentro de las causas, en los que pueden encontrarse documentación, efectos de valor, teléfonos celulares, armas, entre otras.
Desde la justicia se aclaró que no se puede determinar el contenido de las mismas, dado a que se debe realizar un análisis de dichas causas y revisar listados de efectos secuestrados a personas imputadas o presuntas víctimas.
Una vez finalizado el diligenciamiento, el magistrado ordenó la inmediata detención del trabajador judicial, quien fue identificado como Carlos Luis Lapetina. Esta persona se encuentra incomunicada por disposición del magistrado a la espera en que el Fiscal Mayor, Dr. Pablo Martín Bramati realice la acusación formal, la cual podría encuadrarse dentro de los delitos de “Destrucción de Pruebas”, “Encubrimiento Agravado” y “Violación de Instrumento Público”.


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