Javier Puebla
El Consejo de la Magistratura protagonizó una nueva sesión atravesada por la polémica al elegir al abogado y excomisario inspector Luis Norberto Vestidelli como nuevo titular del Juzgado de Competencia Integral de Tolhuin, cargo que permanecía vacante desde la renuncia de José Pellegrino, presentada en marzo del presente año.
Vestidelli, quien se desempeñaba como secretario del juzgado, llegó a la instancia de selección pese a los cuestionamientos y denuncias por presuntos hechos de maltrato y violencia formulados por empleados judiciales durante su desempeño en el ámbito tribunalicio.
La controversia también alcanzó a la modalidad de votación. Ante la ausencia de los legisladores Victoria Vuoto y Jorge Lechman, quienes se encontraban participando de una reunión de comisión en la Legislatura, la presidenta del Consejo de la Magistratura y jueza del Superior Tribunal de Justicia, Miriam Edith Cristiano, habría propuesto que ambos pudieran emitir su voto a través de mediante llamada telefónica o videollamada, por lo que se les cursó aviso mediante WhatsApp ante la ausencia de dos legisladores, sin recibir una respuesta por parte de ambos.
Finalmente, Vestidelli obtuvo el respaldo de Cristiano, del jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals; del fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, y de los representantes de los abogados Alejandro Pagano, de Ushuaia, y Marcelo Castelli, de Río Grande.
La decisión reavivó los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar magistrados, particularmente por la falta de consideración que, según las críticas, habrían tenido las denuncias presentadas por trabajadores judiciales contra el ahora designado juez.
Por su parte, Vuoto y Lechman no participaron de la sesión. Ambos habían expresado su respaldo a otra de las candidaturas, la del magistrado Lerario Sánchez Menú, quien también había recibido cuestionamientos de empleados judiciales y enfrentado una denuncia por presuntos hechos de violencia presentada por su expareja.
La designación vuelve a instalar el debate sobre la transparencia, los acuerdos políticos y los antecedentes que deben ser evaluados al momento de elegir a quienes tendrán a su cargo la administración de justicia en Tierra del Fuego.
