Javier Puebla
El Municipio de Río Grande participó este martes de una nueva reunión con el Ministerio de Economía de Tierra del Fuego para exigir la regularización de los fondos de coparticipación y otros recursos provinciales pendientes de transferencia.
La secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, asistió en representación de la gestión del intendente Martín Perez, acompañada por integrantes del equipo económico y legal municipal. Del encuentro también participaron autoridades de Ushuaia y Tolhuin.
Después de más de tres horas de reunión, el Gobierno provincial no presentó un cronograma de pagos ni una propuesta concreta para cancelar la deuda que mantiene con la ciudad.
“Volvemos muy preocupados. No hemos obtenido ninguna propuesta de cancelación de la deuda”, expresó Capotorto al finalizar el encuentro.
La funcionaria explicó que el Gobierno provincial reconoció la existencia de transferencias pendientes y manifestó que está gestionando recursos extraordinarios ante Nación para intentar reducir parcialmente los montos adeudados.
Sin embargo, esa posibilidad depende de fondos que todavía no están garantizados y sobre los cuales tampoco se precisaron montos ni fechas.
“Más allá de esa posibilidad hipotética de llegada de dinero, no ha puesto ni fecha, ni cronograma, ni ninguna certeza sobre cómo y cuándo va a cancelar la deuda”, advirtió.
La Provincia recibió los recursos, pero no los transfirió a Río Grande
Uno de los aspectos centrales del encuentro fue el destino de los fondos coparticipables que ingresaron a las arcas provinciales, pero no fueron remitidos oportunamente a los municipios.
Capotorto señaló que los recursos recibidos pueden verificarse mediante información oficial publicada por el Ministerio de Economía de Nación y que el reclamo de Río Grande también cuenta con antecedentes administrativos e informes de los Tribunales de Cuentas provincial y municipal.
En ese marco, cuestionó el criterio con el que el Gobierno provincial administra los recursos que corresponden a las ciudades.
“La coparticipación no es un gasto, es un derecho que tienen los municipios de recibir la parte que les corresponde”, remarcó.
La secretaria de Finanzas sostuvo que la Provincia prioriza sus propias obligaciones antes de realizar las transferencias municipales y fue contundente al describir esa situación: “Usan el dinero del Municipio de Río Grande para sus gastos, para sus costos, para afrontar sus obligaciones”.
Desde el Municipio se advierte que esta práctica impide disponer oportunamente de recursos propios y genera un creciente condicionamiento financiero sobre la administración local.
Capotorto también precisó que las transferencias provinciales registran retrasos superiores a los 45 días, contradiciendo los plazos habituales que sostiene el Gobierno provincial.
Como ejemplo, señaló que mediante un decreto notificado recientemente, la propia Provincia reconoció haber completado recién el 19 de octubre las transferencias correspondientes a julio.
La funcionaria cuestionó que continúen justificándose las demoras mediante procedimientos administrativos que, con los actuales sistemas digitales, deberían permitir una distribución más ágil de los fondos.
La deuda no constituye únicamente una diferencia contable: representa recursos que Río Grande no puede utilizar para cumplir oportunamente sus obligaciones y sostener sus servicios.
Ante esta situación, el Municipio continuará evaluando las acciones administrativas y judiciales que correspondan, teniendo en cuenta las eventuales responsabilidades de los funcionarios intervinientes por la falta de transferencia de recursos coparticipables.
Durante la reunión, el Municipio también reclamó precisiones sobre los adelantos de coparticipación solicitados por el Gobierno provincial y las obligaciones financieras derivadas de esos compromisos.
Capotorto explicó que Río Grande exigió garantías para evitar que la devolución de esos adelantos y sus intereses afecte los recursos que legalmente corresponden a la ciudad.
“Nosotros no tenemos nada que ver con los endeudamientos que ha tenido la Provincia, ni los adelantos de coparticipación que ha tenido la Provincia, ni la devolución de los intereses por esos adelantos”, sostuvo.
El planteo municipal apunta a garantizar que las decisiones de financiamiento adoptadas por el Ejecutivo provincial no trasladen nuevas consecuencias económicas a las administraciones municipales.
La secretaria de Finanzas aseguró que el Municipio garantizará el pago de los haberes de sus trabajadores en tiempo y forma, aunque advirtió que la persistencia de los retrasos podría comprometer progresivamente la capacidad de afrontar otras obligaciones.
En ese sentido, recordó que Río Grande sostiene prestaciones esenciales como la potabilización del agua, la recolección de residuos, el transporte público, las obras públicas y una amplia red de servicios de salud que también recibe a vecinos de otras ciudades fueguinas.
Estas políticas requieren recursos permanentes y previsibilidad financiera para garantizar su continuidad.
La minuta firmada al finalizar el encuentro establece el compromiso provincial de intentar reducir las demoras si obtiene recursos extraordinarios y, en caso contrario, elaborar una propuesta alternativa.
También se acordó mantener una mesa de trabajo para analizar la situación financiera y los criterios de distribución de los recursos, con encuentros técnicos previstos para el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 de noviembre en Ushuaia.
Sin embargo, ninguno de estos compromisos establece una fecha de cancelación ni determina cuánto dinero recibirá Río Grande para comenzar a reducir la deuda acumulada.
La gestión del intendente Martín Perez ratifica su disposición al diálogo institucional, pero sostiene que las reuniones deben traducirse en decisiones concretas, compromisos verificables y plazos ciertos de devolución.
El Municipio no está solicitando asistencia económica ni recursos extraordinarios. Está reclamando fondos que le pertenecen y que la Provincia tiene la obligación de transferir.
Río Grande continuará exigiendo la regularización de la deuda y evaluará las medidas necesarias para resguardar su autonomía financiera y garantizar los servicios que reciben diariamente los vecinos.
La coparticipación no es una ayuda del Gobierno provincial: son recursos de la ciudad que deben ser transferidos en tiempo y forma.
