Plataformas Digitales: “No vamos a hacer una cacería de brujas de trabajadores”

El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, fijó posición frente al reclamo de taxistas, remiseros y otros sectores del transporte que solicitan un incremento de los controles sobre los conductores que trabajan mediante plataformas como Uber y DiDi.
 
Río Grande02/09/2026Javier PueblaJavier Puebla
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Secretarrio de Gobierno de Río Grande, Dr. Gastón Díaz

 

En diálogo con FM Origen, el funcionario aseguró que el Municipio continuará fiscalizando el cumplimiento de la normativa vigente, pero descartó implementar un esquema de controles que implique perseguir a quienes utilizan las aplicaciones como una alternativa laboral.

 

“Yo la verdad que creo que es gente que está trabajando. Y si a nosotros como Municipio se nos va a exigir que salgamos a hacer una cacería de brujas de trabajadores, eso no va a suceder”, afirmó Díaz.

 

El secretario de Gobierno sostuvo que los inspectores municipales ya realizan controles en la vía pública y que esa tarea continuará. Sin embargo, marcó diferencias con quienes reclaman una intensificación de las fiscalizaciones.

 

“Nosotros realizamos controles como Municipio para que se cumpla normativa, que se cumpla ordenanza. Vamos a seguir realizando los controles”, señaló.

 

Y agregó: “De ahí a armar un comisariado en cada esquina, como se pretende, para controlar de la manera que se pretende que se controle a aquellos que también están trabajando, no lo compartimos”.

 

El Municipio considera que Uber y DiDi están regulados

 

Uno de los principales puntos planteados por Díaz fue la situación legal de las plataformas digitales en Río Grande. El funcionario remarcó que actualmente la actividad no está prohibida y que existe una ordenanza municipal que establece las condiciones para su funcionamiento.

 

“Hoy el servicio no es ilegal. El servicio hoy está regulado, lo reguló el Concejo Deliberante. Lo que hay que hacer es inscribirse”, sostuvo.

 

Díaz explicó que años atrás había utilizado el término “ilegal” para referirse a este tipo de servicios debido a que existía una normativa que los prohibía, pero aclaró que esa ordenanza fue posteriormente derogada.

 

“Hoy existe una ordenanza que lo regula”, insistió.

 

En ese marco, señaló que cuando los inspectores detectan un vehículo que presta servicios de transporte sin estar registrado, el objetivo es que el conductor regularice su situación.

 

“Los inspectores cuando detectan un servicio de transporte que no está inscripto lo invitan a regularizarse”, indicó, al considerar que no necesariamente la primera medida debe ser el secuestro del vehículo.

 

Entre los requisitos para acceder a la habilitación mencionó la licencia correspondiente para transportar pasajeros, la realización de la Revisión Técnica Obligatoria cada seis meses, un seguro específico para transporte de personas y el cumplimiento de la antigüedad máxima del vehículo establecida por la normativa.

 

Sobre este último requisito, admitió que puede ser discutido, aunque remarcó que las condiciones deben garantizar la seguridad de los pasajeros.

 

“Esa persona que está transportando a un vecino cumple con esos requisitos, ¿por qué no puede tener una habilitación municipal para trabajar?”, planteó.

 

“No vamos a incrementar los controles”

 

Díaz también vinculó el crecimiento de las plataformas digitales con la situación económica y laboral de Tierra del Fuego. Consideró que muchos vecinos recurren a Uber y DiDi como una alternativa ante la necesidad de generar mayores ingresos.

 

“Yo no creo que aquel que tiene un trabajo quiera salir a trabajar de Uber o de DiDi”, manifestó.

 

En ese sentido, atribuyó parte del escenario laboral a las políticas implementadas por el Gobierno nacional y al proceso de desindustrialización que atraviesa la provincia.

 

Finalmente, el funcionario confirmó que el Municipio no prevé aumentar la cantidad de controles sobre las plataformas.

 

“Nosotros no vamos a incrementar la cantidad de controles que venimos realizando”, afirmó.

 

Según explicó, responder a los pedidos de una fiscalización mucho mayor implicaría incorporar alrededor de 30 personas al Estado municipal, algo que consideró contradictorio con la necesidad de avanzar hacia una administración más eficiente de los recursos públicos.

 

De esta manera, el Municipio ratificó que continuará fiscalizando el cumplimiento de la ordenanza vigente, pero descartó una persecución contra los trabajadores de Uber, DiDi y otras plataformas, y puso el foco en que quienes desarrollan la actividad regularicen su situación y cumplan con los requisitos establecidos.

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