Javier Puebla
Es la primera vez que Tierra del Fuego transita el cierre de una concesión petrolera sin una nueva prórroga y con una licitación para definir al próximo concesionario.
El Gobierno de Tierra del Fuego AeIAS concretó un esquema de transición destinado a garantizar la continuidad de la producción petrolera en las áreas Angostura, Las Violetas y Río Cullen, luego de que la UTE que tenía a su cargo la concesión no solicitara una prórroga.
De este modo, por primera vez en la historia petrolera de la Provincia, una concesión llega a su finalización y Tierra del Fuego avanza hacia un proceso de licitación para definir al nuevo concesionario y operador de las áreas.
La decisión adoptada por la Provincia tiene como eje central garantizar que la producción no se detenga, tanto por razones técnicas y operativas como por el impacto que la actividad tiene sobre la economía provincial y sobre las familias vinculadas directamente al yacimiento.
Durante el período de transición, Roch continuará operando por cuenta y orden de la Provincia, hasta que se concrete el ingreso del nuevo concesionario que resulte adjudicatario del proceso licitatorio. De esta manera, se evita una interrupción de la explotación y se asegura el normal funcionamiento de las instalaciones mientras se desarrolla la nueva adjudicación.
El esquema diseñado también contempla la situación de los trabajadores vinculados a la explotación. La UTE afrontará las indemnizaciones correspondientes por la finalización de la concesión, mientras que los trabajadores serán convocados a continuar desempeñándose para Roch durante el período de transición.
La medida permite preservar durante esta etapa el conocimiento y la experiencia de quienes actualmente trabajan en el yacimiento, al tiempo que garantiza la continuidad de las tareas necesarias para sostener la producción. Se trata de una actividad de la que dependen directamente alrededor de 50 familias y que, además, constituye una fuente de ingresos para las arcas provinciales.
La finalización de la concesión también representa una oportunidad para fortalecer el rol de la Provincia en el desarrollo de sus recursos hidrocarburíferos.
En este proceso, el Estado provincial no se limita a esperar el ingreso de un nuevo operador, sino que toma las medidas necesarias para garantizar la continuidad de una actividad estratégica, administrar los recursos que recibe con el cierre de la concesión y avanzar en la definición de un nuevo concesionario.
Como parte del cierre, la Provincia recibirá las instalaciones fijas incorporadas durante los años de explotación, entre ellas infraestructura, baterías, plantas de procesamiento y otras instalaciones vinculadas a la operación.
A esto se suma, como compensación de obligaciones pendientes, la incorporación de la flota vehicular utilizada para la operación y de los bienes y materiales existentes en los almacenes. El valor conjunto de estos activos supera los USD 4 millones y constituye un aporte fundamental para sostener la continuidad operativa, al disponer de vehículos, repuestos y materiales necesarios para las tareas en el campo.
La presencia del Estado permite que, frente a la finalización de una concesión, la Provincia pueda asumir un rol activo, garantizar la continuidad productiva, proteger el trabajo y administrar los bienes que forman parte del patrimonio provincial, mientras define las condiciones para la llegada del próximo concesionario.
La transición constituye así un mecanismo para ordenar el cierre de la concesión actual sin detener la producción y, al mismo tiempo, preparar las condiciones para una nueva etapa de explotación petrolera en Tierra del Fuego.
En paralelo, la UTE continuará existiendo por fuera de la concesión y deberá cumplir con las obligaciones que establece la legislación vigente, entre ellas el saneamiento de los pasivos ambientales, el abandono de los pozos y las demás responsabilidades vinculadas al cierre de la explotación.
El objetivo es avanzar hacia un cierre ordenado de la concesión, con continuidad productiva, resguardo de los trabajadores y una participación activa del Estado provincial, mientras se desarrolla el proceso licitatorio que determinará quién será el nuevo concesionario de las áreas.
