Javier Puebla
Así lo confirmó el fiscal Dr. Ariel Pinno, quien, tras la finalización del juicio oral, adelantó que la Fiscalía no comparte la valoración realizada por los jueces respecto de uno de los hechos investigados y buscará que el máximo tribunal provincial revise la decisión.
"Vamos a presentar un recurso de casación", sostuvo Pinno, al remarcar que el Ministerio Público entiende que la sentencia debe ser revisada en relación con la absolución por uno de los hechos atribuidos al imputado.
El funcionario judicial explicó que la discrepancia no está vinculada con la condena impuesta por el hecho que fue considerado probado durante el debate, sino con la conclusión alcanzada por el Tribunal respecto del restante episodio denunciado por la víctima.
"No compartimos la decisión del Tribunal", expresó el fiscal al referirse a la resolución, al considerar que durante el juicio se incorporaron elementos suficientes para sostener también la responsabilidad penal del acusado en ese segundo hecho.
El Tribunal de Juicio resolvió condenar a Cutro Aranda a seis años de prisión por el delito de abuso sexual cometido en perjuicio de quien fuera su expareja. Sin embargo, los magistrados entendieron que no correspondía dictar condena por el otro hecho incluido en la acusación fiscal, criterio que ahora será cuestionado mediante la presentación del recurso extraordinario.
Durante la entrevista, Pinno indicó que la casación permitirá que el Superior Tribunal de Justicia analice si la sentencia se ajustó correctamente a las pruebas producidas durante el debate oral y a la aplicación del derecho. "Entendemos que corresponde la revisión", señaló al fundamentar la decisión de recurrir el fallo.
La condena dictada en primera instancia constituye un importante avance en la causa, aunque desde la Fiscalía consideran que la respuesta judicial debe abarcar la totalidad de los hechos por los cuales se llevó adelante la acusación.
Una vez formalizado el recurso, será el Superior Tribunal de Justicia el encargado de analizar los agravios planteados por el Ministerio Público Fiscal y determinar si corresponde confirmar la sentencia o revisar el alcance de la responsabilidad penal establecida por el Tribunal de Juicio.
