El diputado nacional Oscar Martínez, secretario general de la UOM, adelantó medidas de fuerza para el mes de febrero, ante un inicio “conflictivo” del 2017, donde avizora más cantidad de puestos de trabajo perdidos en la industria.
RIO GRANDE.- Mantuvo reuniones en Río Grande con delegados de la UOM y trabajadores de IFSA, que solicitaron reinsertarse en BGH, aunque es complicado que tengan respuesta positiva. “Estamos todavía en período de conciliación obligatoria hasta el 2 de enero. Había un planteo muy fuerte de reinserción laboral, que ha sido discutido con el sector empresario, y no hubo avances considerables. BGH también está en un problema serio y hay una cantidad de trabajadores esperando la estabilidad laboral el próximo año”, explicó por Radio Provincia.
“Esto hace muy complejo que los 200 operarios de UOM y ASIMRA puedan ser contenidos por BGH, por lo menos en los primeros meses del 2017, que van a ser meses muy difíciles”, anticipó.
Anunció que “los primeros días de febrero vamos a llevar adelante medidas en todos los establecimientos y no descartamos unificarlas con otras organizaciones, porque la situación va a estar muy complicada. Ya hemos denunciado que no hay niveles de producción para incorporar a la totalidad de los trabajadores en las distintas líneas, y esto trae como consecuencia una inestabilidad muy importante”.
El diputado ve un 2017 “con muchísimas dificultades para la industria nacional y en particular para Tierra del Fuego. Los anuncios del gobierno nacional sobre medidas económicas van a tener consecuencias importantes, como la reducción de puestos de trabajo en el sector público, y esto va a trasladarse al sector privado. Al dejar sin protección arancelaria a productos nacionales como las notebooks, va a traer consecuencias en Tierra del Fuego y en el resto del país. Según el análisis de la UOM nacional, esto afecta a cinco mil trabajadores”, indicó, siendo su mayoría obreros del continente.
Agregó que “la caída del consumo y la devaluación que se prevé en los primeros meses de 2017 seguirán afectando a la producción local” y, a la reducción en 2016 de un 10% de la planta empleada en la provincia, se le sumaría más desempleo: “Vemos el riesgo potencial de que eso suceda y que haya medidas todavía más complejas los primeros meses. Se prevé un semestre difícil y ya ha sido transmitido al cuerpo de delegados por las empresas”, aseveró.
“Esto hace que nos tengamos que preparar al inicio de un 2017 con gran conflictividad. El congreso de delegados va a sesionar los últimos días de enero y a principios de febrero para definir las medidas, en defensa de los puestos de trabajo. Es muy probable que estemos en la calle nuevamente”, manifestó
Consultado sobre las críticas de la gobernadora Bertone a diputados e intendentes, por hacer “politiquería barata”, y tirar “palos y piedras” al gobierno nacional, al que tiene que recurrir en busca de recursos, replicó que “la gobernadora puede expresarse como le venga en gusto, puede abrazarse o tener otro tipo de relaciones más cariñosas con el gobierno nacional, pero a nosotros nos cabe la responsabilidad de expresarnos desde el lugar que ocupamos, tratando de representar de la mejor manera posible los derechos de los trabajadores”.
“No compartimos la política del gobierno nacional, ni la política de ajuste del gobierno de la provincia. No compartimos que no haya habido paritarias y que los trabajadores sean puestos de lado. No hemos compartido ninguno de los recortes en la provincia y enfrentamos la política nacional, que fue la misma que se llevó adelante en los ’90. Y la provincia tiene similitud con los gobiernos anteriores del PJ”, afirmó Martínez.
Mencionó que “hace pocos días se recordó la represión del hospital Río Grande, producto de una política autoritaria del gobierno, y hoy muchos integran el actual gobierno provincial”.