El proyecto de Ley de Emergencia de la Administración Pública Provincial, tiene como objetivo central dotar al Ejecutivo de las herramientas necesarias “para equilibrar y restablecer el orden de las cuentas públicas, ante la compleja situación económica, financiera, laboral y social” que heredó la gestión Melella.
Autoriza al Ejecutivo Provincial a disponer la readecuación y/o renegociación de aquellos contratos de obra pública, prestación de servicios y provisión de bienes que se encuentren adjudicados o en curso de ejecución.
Además autoriza al Ejecutivo Provincial destinar el 25% de las utilidades del Banco de Tierra del Fuego al desarrollo económico de la Provincia por medio del Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino, y un 25% al otorgamiento de préstamos no bancarios.
El 50% de las utilidades remanentes, propiedad del Gobierno Provincial se enviará en forma directa a la Caja de Previsión Social de la Provincia, destinado a cubrir déficit transitorios de caja.
Se suspenden las ejecuciones de las sentencias y laudos arbitrales que condenen al Estado Provincial al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero
Autoriza también al Ejecutivo Provincial a realizar durante el ejercicio 2020 las reestructuraciones presupuestarias que considere pertinentes a la Ley Provincial N° 1191.
El proyecto plantea un estado seriamente comprometido de las arcas públicas con un nivel de endeudamiento externo e interno muy alto. Iniciando con la emisión de títulos públicos en el mercado de capitales internacionales por 200 millones de dólares, sin duda la operación de endeudamiento más importante de la historia de la provincia.
A la par de esto, aparece un plan de obras determinadas unilateralmente por el Ejecutivo, las que no parecen ser las prioritarias para este momento de la provincia, como el Programa de Desarrollo Costero Canal Beagle por 1.593 millones de pesos, quizás la obra más cuestionada en la historia provincial.
En particular, el stock de deuda interna directa el día 13/12/2019 supera los 20.278 millones de pesos, conformada por:
• Deuda con el Gobierno Nacional: 4.521 millones de pesos.
• Deuda con Organismos Internacionales: 34,2 millones de pesos.
• Deuda Consolidada: 1.308 millones de pesos.
En cuanto a deuda flotante, se destacan las sumas generadas durante 2019:
- Transferencias a Municipios: Se generó mayormente durante 2019 y totaliza poco más de 500 millones de pesos.
- Subsidios: Uno de los más importantes subsidios que asume el Estado Provincial tiene que ver con el servicio de gas envasado. En este caso, al momento de asumir, la deuda con los dos proveedores es de aproximadamente 400 millones de pesos.
- Con los organismos de previsión social: La deuda por Contribuciones a la Seguridad Social asciende a poco menos de 600 millones de pesos.
- Proveedores y contratistas: Deuda aproximada de 1.200 millones de pesos
Junto a todo esto, en diciembre de 2018 se aprobó un nuevo endeudamiento por 10 millones de dólares con el objeto de adquirir el inmueble en el que funcionó el Casino Club Ushuaia. A poco de dejar la gestión, Bertone ordenó abonar 124,5 millones de pesos como primer pago parcial, quedando pendiente una obligación de pago por parte del Estado Provincial por más de 480 millones de pesos.
Dentro de esta deuda interna existió una indiscriminada utilización del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), fondo autorizado que tiene por finalidad cubrir “necesidades transitorias del Tesoro Provincial”. Sin embargo, se utilizaron sumas materialmente imposibles de restituir dando un uso no autorizado por las normas legales, ya que esta herramienta se utilizó abiertamente como un sistema financiamiento de gastos corrientes en forma permanente.
La utilización del FUCO se fue incrementando año tras año de la siguiente manera, siendo el último el más evidente dentro de uso:
- A Diciembre 2017: 440 millones de pesos
- A Diciembre 2018: 550 millones de pesos
- A 12 de Diciembre 2019: 1.260 millones de pesos
A todo este panorama se le agrega el congelamiento salarial de estos últimos cuatro años sin mesas de discusión salarial, solamente con paliativos consistentes en sumas fijas no remunerativas, denotando además una pérdida real en el salario de los trabajadores estatales en relación a la inflación acumulada en idéntico período.
La norma autoriza la emisión de Letras del Tesoro por el monto de hasta 2 mil millones de pesos para cumplir con las obligaciones financieras de carácter urgente o impostergable.
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