Provincias y petroleras analizan ir a la Justicia por el congelamiento de precios

2019-08-19 | Javier

Bajo el temor a la judicialización, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, recibirá a gobernadores y petroleras el martes a 17 para intentar alinear a todos los sectores detrás de esta medida temporal.

 

RIO GRANDE.- La decisión de congelar los precios de los combustibles por 90 días a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU 566/2019) publicada el viernes en el Boletín Oficial, llevó algo de alivio a los consumidores en medio de la esperada ola de remarcaciones tras la devaluación, pero también generó fuertes cuestionamientos de los diversos eslabones de la cadena de producción hidrocarburífera y de las provincias productoras.

Por estas horas algunos gobiernos provinciales y petroleras estudian acudir a la Justicia para evitar el impacto del congelamiento de precios de los combustibles. En este contexto, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se reunirá el martes a las 17 en el ministerio de Economía con gobernadores de las provincias productoras (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y Salta) y representantes de las petroleras. No se espera marcha atrás en la medida pero sí frenar la judicialización.

Las mayores objeciones son la baja del precio de venta al consumidor de los combustibles, medidos en dólares, y el impacto que eso tendrá en los planes de inversión en curso en la formación de Vaca Muerta.YPF ya anunció que en los tres meses de aplicación de la medida las pérdidas podrían llegar a u$s 360 millones. En toda la industria serían unos u$s 750 millones.

Las provincias productoras aducen, por un lado, la importante reducción del flujo de inversiones en el megayacimiento, con lo que eso significa no sólo en término de los recursos movilizados por compañías petroleras, sino también la actividad de servicios que empezó a crecer a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Pero también hay preocupación por el impacto en las arcas provinciales por menor recaudación y regalías.

Neuquén será la provincia más perjudicada por la decisión, si finalmente se cumple el vaticinio de algunas petroleras de que el congelamiento de precios de los combustibles virtualmente paralizaría las inversiones, por lo que busca frenar la aplicación de la medida.

El mismo viernes el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, informó que el gobernador Omar Gutiérrez instruyó al fiscal de Estado "para que tome las medidas judiciales que correspondan en defensa de los recursos de la provincia y en defensa de los derechos que le corresponden". Pedirán la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia ante la Corte Suprema de Justicia y, en paralelo, "trabajar una propuesta consensuada para implementar la medida".

Por su parte, el gobierno de Río Negro solicitó medidas para aliviar la carga sobre el erario provincial, y cuantificó en más de $ 612 millones el impacto negativo en las cuentas públicas, por lo que no descarta recurrir a la Justicia Federal para revertir la situación.

Según pudo saber este diario, varias petroleras también estudian con sus equipos de abogados demandar al Estado nacional o presentar algún recurso judicial. Las más enfáticas con la judicialización son las productoras no integradas (Upstream).

En el segmento Downstream (refinación y comercialización) hay más resignación que voluntad de frenar judicialmente la decisión. Asumen que es una medida temporal, que sin dudas tendrá costos, pero privilegian el negocio de largo plazo.

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