El ministro de Gobierno y Justicia José Luis Álvarez fue consultado acerca de la cuestión jurídica y legislativa de la cesión de las 10 mil hectáreas y señaló que “la decisión de la Legislatura viene a zanjar y a resolver una cuestión que debió haber sido rechazada con un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Fabiana Ríos. Esta decisión política fue tomada por Ríos, quien ante la requisitoria del fiscal de Estado Martínez de Sucre, que pedía instrucciones y elementos para instar el recurso federal, decidió no instar el recurso de remedio que podría haber dado una nueva instancia de revisión y evitar que esta resolución quedara firme. Esto quedó claro en el dictamen de la secretaria Legal y Técnica de Ríos, firmada por la doctora Giadas y avalado por el vicegobernador Crocianelli”.
RIO GRANDE.- El ministro Álvarez lamentó que “la resolución del Superior Tribunal de Justicia provincial quedó firme en el 2015. La sentencia obliga a la Provincia a adjudicar las tierras, cumpliendo con el imperio de la ley 1184. Por este motivo, la Provincia procedió a pasar el decreto de adjudicación a la Legislatura para su ratificación, en un acto de mero control. No es una decisión del Ejecutivo, es una sentencia que obliga al gobierno a cumplir con la manda judicial, por la decisión explícita y la desidia del gobierno de Ríos. Este gobierno se está haciendo cargo de los desaguisados que dejó el gobierno del PSP y que todavía estamos pagando las consecuencias. No se trata de un desorden aislado, ya que son múltiples los descalabros que dejó dicha gestión. Tampoco hizo juicios por la restitución del 15 por ciento y dejó prescribir años, entre otros perjuicios para la provincia”.
“Nos duele mucho esta desidia del gobierno de Fabiana Ríos de consentir explícitamente en no apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo. En consecuencia, a nosotros sólo nos queda cumplir la sentencia firme. El pase por la Legislatura obedece a un requisito previsto por la ley 1184, pero ya no podía revertirse el fallo, porque estaba firme. Si no lo cumplíamos, se trataría de un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con responsabilidad penal por desobediencia sobre los legisladores” advirtió Álvarez.
Por último, el ministro se refirió a la posición esgrimida por la oposición al señalar que “ahora los representantes del PSP y el intendente Gustavo Melella se hacen los desentendidos. El legislador Löffler, quien en la actualidad es socio político de la ex gobernadora Ríos, tendría que pedirle explicaciones a ella, de por qué esto no se resolvió antes. Melella también tendrá que pedirle justificaciones a Fabiana Ríos respecto de porqué decidió no ir a la última instancia, porque el Fiscal de Estado, en su dictamen, dice claramente que es “dificultoso”, pero no dice que es “imposible”. Entonces daba la posibilidad de instar a un recurso superior. En el peor de los casos, si nos iba mal en la Justicia federal, perdíamos las costas de un juicio. Hay responsabilidad política de Fabiana Ríos, hay responsabilidad política del PSP y del vicegobernador de ese entonces Crocianelli, quien compartió el criterio con la Legal y Técnica. Pero la máxima responsabilidad política es de Fabiana Ríos”.
.jpeg&w=600&h=400&X=AS)
