Respaldó, ante la Cámara Federal, la apelación que hicieron Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en el marco de la causa que comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, sostuvo que la ex presidenta Cristina Kirchner debería perder los fueros parlamentarios para quedar "inmediata y efectivamente detenida", una vez que ese Tribunal de apelaciones resuelva si confirma el procesamiento que se le dictó en la causa por los "cuadernos de la corrupción K".
"Es precisamente la resolución de esa Cámara, un doble conforme", dice Moldes, "la que habilitará, ante un más que previsible pedido de desafuero, la desafectación de ese resguardo para que la jefa de la asociación ilícita investigada y procesada en autos por ese grave ilícito resulte inmediata y efectivamente detenida", sostuvo el fiscal en el dictamen presentado ante los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La sala I de la Cámara Federal inició ayer las audiencias para revisar el fallo del juez federal Claudio Bonadio, que procesó a la actual senadora de Unidad Ciudadana como supuesta jefa de una asociación ilícita con prisión preventiva, aunque esto último no se concretará mientras tenga fueros parlamentarios.
Los camaristas Bruglia y Bertuzzi escucharon en audiencia al abogado del detenido ex funcionario Rafael Llorens, quien pidió la excarcelación y reclamó que se dicte la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del arrepentido en el caso de los cuadernos del ex chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno.
Además fijarán un cronograma de audiencias para aquellos procesados cuyos abogados pidieron exponer de manera oral.
Moldes, por su parte, presentó un escrito en el que respaldó lo hecho por sus pares en la causa, Carlos Stornelli y Carlos Rivolo, y reclamó procesamientos por cohecho y que se ratifique en su mayor parte lo decidido por Bonadio.
Respecto al delito de cohecho, que los fiscales reclaman para algunos empresarios procesados por dádivas, Moldes sostuvo que "parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello, simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada".
Para el fiscal ante la Cámara hubo "una clara existencia de un acuerdo venal y corrupto" con funcionarios del kirchnerismo en busca de un "lucro indebido" con la obra pública.
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