Diputados aprobaron la limitación de las tarifas y pasará al Senado

Como se sabía desde hace una semana, la iniciativa de la oposición se aprobó con 133 votos a favor, 94 en contra y 3. Hubo cambios. El acuerdo con el FMI y el veto de Macri, protagonistas de la jornada.

BUENOS AIRES.- La sesión transcurrió sin sobresaltos, con dos posturas bien marcadas y con el resultado puesto desde hace una semana, cuando el proyecto del Frente Renovador y de Argentina Federal consiguió dictamen para ser tratado y aprobado con mayoría simple en la Cámara de Diputados. Así, la norma obtuvo 133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones, el bloque de Martín Lousteau.

Luego, en la discusión en general, el miembro informante de Argentina Federal, Sergio Ziliotto, enumeró cómo quedó el dictamen final con los cambios consensuados entre el peronismo.

Hubo modificaciones en el artículo 2, que establecía que para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y para las Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas, que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) bajo el régimen de empresas recuperadas el aumento anual debía ser gradual, sustentable y no excediera el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de vigencia de la última actualización tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa. Las tarifas tendrían una estabilidad mínima de NUEVE (9) meses. Ahora, para el 2018 y 2019 deben aumentar para usuarios y consumidores residenciales sin exceder el Coeficiente de Variación Salarial. Pero quedarán exceptuados "los usuarios del servicio de gas para uso doméstico que se encuentren encuadrados en la categoría R.3.4. y categorías superiores" y los "usuarios del servicio de electricidad para uso doméstico que se encuentren encuadrados en la categoría R.7 y superiores".

El 3 decía que si desde noviembre 2017 en los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, transporte y distribución de gas, agua potable y desagües cloacales; transporte público automotor y ferroviario de pasajeros, los usuarios hubieran abonado por el servicio un monto que resulta mayor al establecido en la presente, se les generaba un crédito a favor. Ahora, en este artículo aparece lo que estaba en el 2 sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y para las Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas, pero sin el plazo de los nueve meses.

En el 4, se establece lo del crédito a favor y obliga a las empresas a hacerlo dentro de los 60 días entrada la ley.

Se eliminó el quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en el dictamen original estaba en los artículos 6 y 8. Este era el punto que más incomodaba al Gobierno, porque alegaba que desfinanciaba al Estado y por ende a las provincias, que cobran de esa recaudación por coparticipación. Algunos gobernadores peronistas habían declarado en sintonía con el Ejecutivo, lo cual fue el último incentivo para que el artículo se removiera.

Se mantuvo el artículo 9, que ahora es el 7, sobre la creación de un Régimen Nacional y Universal de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos: "Tendrá como objetivo establecer un cuadro tarifario diferencial para los servicios de suministro eléctrico residencial y gas natural por redes, para los sujetos comprendidos en el régimen. Para el caso del servicio de agua corriente el Estado Nacional implementará un Régimen similar que contemple a los usuarios de todo el país".

En sintonía, el "nuevo" artículo 9 indica que se crea el "Registro de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos, que quedará bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien tendrá a su vez la autoridad de ampliar posteriormente los criterios de inclusión para acceder a dicho beneficio, así como también la revisión y el monitoreo periódico de los sujetos alcanzados por la presente Ley".

Para los contemplados en este artículo, el 10 establece que "gozarán de un subsidio al consumo por parte del Estado Nacional, consistente en duplicar los beneficios existentes al 1 de mayo de 2018 en los distintos regímenes de tarifa social" y el 11 que "la readecuación tarifaria establecida en la presente ley no podrá aplicarse en detrimento de los beneficios de la Tarifa Social creada por el artículo 7º y de todo otro régimen especial de excepción destinado a los consumidores y usuarios".

Contrario a lo que se esperaba, el anuncio de Mauricio Macri sobre un pedido de financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) no se adueñó del debate, sino que hubo algunas menciones de los opositores, que lo rechazaron de plano y pidieron que sea aprobado previamente por el Congreso. Será la discusión de los próximos días, aunque tanto oficialistas como desde la oposición confiaron en reserva que no sucederá.

El primero en traer a colación el tema fue Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, quien antes de comenzar la discusión por Financiamiento Productivo solicitó un apartamiento del temario para votar un "rechazo al anuncio de Macri". Con la abstención del massismo y del bloque de los gobernadores, y sin el apoyo de Cambiemos, la moción naufragó.

Luego, Axel Kicillof realizó un encendido discurso en el que advirtió que la decisión del Ejecutivo "no es responsabilidad del gobierno anterior o de la oposición" sino que se debió, entre otras cosas, a que Estados Unidos subió su tasa de referencia medio punto: "Fue una turbulencia, pero hubo otras turbulencias sin estas consecuencias. Nosotros vivimos la crisis del 2008, la peor del siglo veinte luego de la de 1930. El problema acá es que tienen un plan económico mal aplicado. Hay que cambiarlo, no profundizarlo. Lo dicen sus aliados y la prensa, que antes los apoyaba. No solucionaron nada, empeoraron todo. Dijeron que le pagábamos a los buitres para no volver al FMI, otra mentira".

Martín Lousteau, ex ministro de Economía, fue otro que tocó el punto: "Vamos a cumplir el 60 aniversario del primer acuerdo con el FMI, Argentina tuvo 26 acuerdos, debemos ser el país récord. No es un problema de esta administración sino que se va gestando con el tiempo por no tener la discusión apropiada y terminamos de esta manera. En los últimos 57 años Argentina tuvo déficit en todos menos en cuatro y lo financió vendiendo activos estratégicos que los mal administró antes o con inflación o con deuda. Esa es la triste historia".

Del tema tarifas, uno de los discursos más duros fue el de Máximo Kirchner, del Frente para la Victoria. Defendiendo a su bloque -y a toda la oposición- de la acusación del Gobierno de que son demagogos, el diputado sentenció: "Demagogia es por ejemplo ir a un debate presidencial y decir que no va haber tarifazo y después hacerlo. Eso es demagogia electoral. En el 2017 los ministros dijeron que no iba haber aumento, le mintieron de nuevo a la sociedad y eso en algún momento se paga".

Por su parte, Graciela Camaño, del Frente Renovador, también disparó fuerte: "Queremos que quienes hoy votan, lo hagan sabiendo que atrás de todo este proceso de incremento de tarifas hay un tremendo negociado. Que nadie venga a decirnos que somos demagogos, o que vamos atrás de tal o cual".

"Si algo queda claro, es que este Congreso tiene la autoridad para proveer protección a los ciudadanos. El Congreso puede y le corresponde actuar, porque tiene la potestad constitucional para proteger los derechos de los usuarios. Lo que están haciendo es vergonzoso, y los argentinos ya no toleran más tanta mentira", destacó.

La defensa de Cambiemos estuvo a cargo de Luciano Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto: "Los autores ideológicos del proyecto son los que nos llevaron a esta situación catastrófica. La presidenta que nos dejó en esta situación y que ahora nos propone una solución, es la que logra unificar a toda la oposición detrás de esa idea renovadora".

Y completó: "Los subsidios fueron un descontrol. Se nos quiso decir que era gratis cuando en realidad le costó miles de millones de dólares a los argentinos y a los más vulnerables".

La sorpresiva conferencia de Marcos Peña convulsionó un poco el clima. Sobre todo en el bloque de Cambiemos, en donde las principales espadas tuvieron que poner en stand by sus discursos a la espera de lo que dijera el jefe de Gabinete. Pero las palabras del ministro coordinador fueron en línea con lo esperado. Elogió el logro de haber sancionado Financiamiento Productivo y Defensa de la Competencia, y apuntó contra la ley opositora: "Tiene muchos problemas. Además de la inconstitucionalidad, plantea un desfinanciamiento del mismo presupuesto que votaron y un enorme retroceso en federalismo por el avance de un acuerdo que hemos tenido de equilibrar los subsidios de forma más pareja en todo el país".

Y ratificó el veto presidencial: "Hemos sido claros sobre lo qué pensamos. La oposición tendrá que explicar de dónde saldrán los fondos para pagar la ley que están planteando".

Pero más allá de las esperadas referencias al acuerdo con el FMI y al rechazo del cuadro tarifario del Ejecutivo, la oposición le dio un nuevo dolor de cabeza a Cambiemos, que por estos días combate en dos frentes que monopolizan sus preocupaciones: la variación del tipo de cambio y las tarifas. Si bien como última instancia Mauricio Macri vetará la norma, lo que se aseguró hoy el peronismo es que la discusión se mantenga en la agenda porque ahora deberá ser tratada por el Senado.

Es en la Cámara alta en donde el Gobierno intentará no tener que recurrir al veto. Apelando a su relación con los gobernadores, el objetivo es que en los mandatarios provinciales pese más las pérdidas que sufrirían por coparticipación si merma la recaudación del Estado e instruyan al bloque los representa -que preside Miguel Ángel Pichetto- a rechazar la ley. Un escenario complejo teniendo en cuenta la presión de la Cámara de Diputados y de un sector importante de la sociedad.

Pero en el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, encargado de la negociación con las provincias, le prestaron mucha atención a la sesión de hoy. Su interés pasaba por los diputados de Argentina Federal, el de los gobernadores, para empezar a entender qué distritos podrían acompañarlos en el Senado. Apelan a la "responsabilidad" de la oposición, pero a su vez son conscientes de que haber dejado en claro desde el principio que vetarían una ley así por "demagógica" no les juega a favor.

Sin embargo, en Cambiemos la meta es otra: darle un mensaje a los mercados. Algunos hasta se animan a decir que Macri quiere vetar esta ley. Un sector del oficialismo ya dejó atrás la idea de "coparticipar" el costo político y entendieron que, luego del pedido al FMI, existe pocas medidas que puedan afectarlos más.

Por la tarde, un grupo de intendentes bonaerenses se acercó hasta la Cámara para apoyar el proyecto. Estuvieron Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Mario Secco (Ensenada), entre otros. También estuvo Pablo Moyano, líder de Camioneros y en plena batalla judicial con el Gobierno.

En diálogo con la prensa, Magario le pidió a Mauricio Macri que "recapacite" su decisión de vetar esta ley: "De esta manera sigue ajustando sobre los trabajadores, empresarios y comerciantes. Queremos que no vete esta ley, que deje de ir al Fondo y pidiendo créditos. Que mire a la gente. Que haga política de cara a la gente, que le solucione los problemas".