La aprobación de la reforma tributaria producirá en el corto plazo un aumento de los combustibles en la Patagonia, achicando aún más la brecha de precios que desde inicios de la década del 90 existe con el resto del país y que a fines de 2015 sumó a las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, y a las localidades de Carmen de Patagones, en Buenos Aires, y Malargüe, en Mendoza. Un informe indica que el mayor gravamen afectará al gasoil, aunque también habrá un aumento en las naftas. La suba sería de entre 10% y 30%.
El 1 de agosto de 1991, el Gobierno nacional de Carlos Saúl Menem sancionó la Ley 23.996 que benefició a los usuarios de las provincias del sur de la Patagonia con la exención del Impuesto de Transferencia a los Combustibles (ITC), gravamen que durante esa década permitió que hubiera una diferencia de casi el 50% en el valor de la nafta y el gasoil con el resto del país.
Dieciséis años después ese beneficio casi desapareció y según afirman diversas fuentes -entre petroleras, legisladores y cámaras de distintos rubros-, con la sanción de la reforma tributaria que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, que fue promulgada ayer, la diferencia será aún menor. Es que a corto plazo se producirá un aumento en los combustibles que en la Patagonia afectará principalmente al gasoil por encima de la nafta.
Durante la última semana, el senador Mario Pais advirtió que “el proyecto introduce una modificación muy significativa y perjudicial, ya que se elimina casi en su totalidad la exención hoy vigente sobre el ITC para el consumo de combustibles en la Patagonia”. Y explicó que a esa “eliminación de la exención, hay que añadirle el impacto del nuevo impuesto que se crea sobre el dióxido de carbono, aplicable en todo el país, sin exención alguna para la Patagonia”.
Su par, Alfredo Luenzo, en sintonía, admitió en los últimos días que “el ministro (Nicolás) Dujovne negó la posibilidad de una reforma tributaria diferencial que beneficie a la Patagonia y aconsejó a Chubut a que baje el costo fiscal y diversifique la explotación de sus recursos naturales”.
Cambios que afectan al bolsillo
En la práctica, el aumento que se dará en el corto plazo en los combustibles se producirá principalmente por tres variables. Las primeras dos son la creación de un impuesto sobre el Dióxido de Carbono y las modificaciones al Impuesto de Transferencia a los Combustibles que dejará de estar determinado por una alícuota aplicable sobre la base imponible y pasará a ser un gravamen de monto fijo, actualizable trimestralmente por el IPC (Índice de Precios al Consumidor). Es decir que cuando los componentes que conforman los valores de las naftas y el gasoil aumenten, los impuestos bajarán; y viceversa cuando ocurra lo contrario.
El tercer factor es que la reforma tributaria eliminó las exenciones para el gasoil y solo se mantendrán en las naftas, por lo que el gasoil, diésel oíl y kerosene deberán pagar un monto reducido que representa la mitad de lo que se tributará en el resto del país.
De esa forma, a partir de que se apliquen las modificaciones las naftas pagarían 41,2 centavos por cada litro, mientras que el gasoil y sus derivados (Nafta virgen, Gasolina Natural, Solvente, Aguarrás, Diésel oil, Kerosene) abonarían 7,13 pesos: 6,726 pesos de ITC y 41,2 centavos de impuesto al Dióxido de Carbono, aproximadamente.
Se debe tener en cuenta que el impacto será total en el usuario particular y parcial en los rubros comerciales, ya que según la actividad desarrollada parte de lo tributado por el ITC se podrá imputar como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias o del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque con ciertas restricciones según el rubro.
Por otro lado, la reforma eliminó el impuesto al gas licuado para uso automotor (GNC), sistema de combustible que podría verse beneficiado.
El beneficio de estar lejos
La exención del ITC se sancionó en la década del 90 a beneficio de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero en 1998 tras la eliminación de un subsidio casi desapareció. Así, en 2015, previo al cambio de Gobierno, a través de la Ley 27.209 se restituyó ese beneficio y se sumó a las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa y a las localidades de Carmen de Patagones, en Buenos Aires, y Malargüe, en Mendoza, en un debate que contó con el apoyo del entonces oficialismo del Frente para la Victoria, y el rechazo de la oposición que incluso el día de la sanción en Diputados abandonó el recinto legislativo.
Los argumentos de su sanción fueron las “grandes distancias existentes entre las poblaciones que obliga al uso de automóviles como una necesidad y/o herramienta de trabajo y no como bien suntuario“, así como la existencia de un “mayor costo de vida” y “el carácter de provincias productoras de hidrocarburos y la promoción de actividades tales como el turismo, la pesca y el transporte, al dotarlas de esta ventaja comparativa“.
Por lo pronto, resta ver cuándo se producirá el impacto en los surtidores, que podría ser de entre 10 y 30%, según vaticinaron las petroleras.
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